TRAS LA VERDAD
El pasado lunes 21, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la emisión de lineamientos y criterios en materia de propaganda, imparcialidad de servidores públicos y uso de programas sociales con el fin de evitar que se afecte la equidad en la contienda, los cuales serán aplicables tanto en el Proceso Electoral Federal como en los procesos locales concurrentes 2020-2021 ¿Los cumple el Presidente de la República? ¡No!
Pretenden robustecer las reglas del juego democrático y evitar que el ejercicio de la responsabilidad pública pueda distorsionar las elecciones. Bien por las intenciones de los consejeros, mas al Presidente poco le importa cumplir con la Constitución, acostumbrado a ellos está.
Para que no encuentre vanos subterfugios, como aquellos de impedirle el uso de la libertad de expresión a López Obrador, los lineamientos no afectan la libertad de expresión ni el derecho a la libertad de prensa y menos aún impiden que las autoridades gubernamentales, federales y locales sigan cumpliendo con sus funciones y responsabilidades a través de los programas sociales ya establecidos y reglamentados. Pero…
Los consejeros buscan evitar vacíos interpretativos de la legislación electoral y establecer criterios que den certeza y favorezcan la imparcialidad en el uso de los recursos públicos y en la ejecución de los programas sociales. Tal cual lo viene haciendo Andrés Manuel López, no solo con sus programas sociales, también como mecanismo de publicidad mediática por medio de sus conferencias de prensa, no cesan sus ataques a todo aquel que considere no estar de acuerdo con su gobierno; obvio, entre ellos a los partidos de oposición, medios de comunicación, empresarios, etcétera. El marketing político publicitario de su partido lo encabeza el mismo Presidente de la República, ante la falta de personajes con credibilidad y autoridad, escudándose en la promoción de sus programas, por medio de los cuales obsequia dinero público disfrazado de apoyo social.
¿Podrán los consejeros convencer al Presidente y demás autoridades en funciones cumplir con los lineamientos del Consejo General? Por lo pronto ha sido totalmente imposible y cuando lo intentaron el TEPJF, liberó a López Obrador, para que se manifieste como mejor le convenga. Entre muchas obligaciones acordaron que: “Evitar que el acceso al dinero, público o privado, o a otros bienes que no están al acceso de todos, se convierta en una ventaja desleal e indebida en los comicios por parte de quienes aspiran a competir por un cargo de elección popular, mediante la difusión anticipada de su nombre, imagen y voz por cualquier vía, ya sean medios electrónicos, medios impresos, internet o redes sociales” ¿Le trae a la mente algunos nombres de servidores públicos que hacen precisamente lo que prohíbe la Constitución?
Recordemos que el 23 de diciembre iniciaron los tiempos de las precampañas. Y la política del proceso electoral transcurre sin el respeto que merecen las normas legales. Poco le importa al Presidente acosar públicamente a los integrantes de la Coalición Electoral (PAN-PRI-PRD), que buscan arrebatarle el grosero control de la Cámara de Diputados.
Emulando las agresiones del Presidente de la República, su partido ha iniciado una campaña de linchamiento en contra de la oposición, a pesar de ser ellos los que ostentan el poder. Por eso se refirieron a las pautas en radio y televisión, para que se conviertan en una herramienta de equidad para las precampañas y las campañas que contribuya a establecer, dijeron “una cancha pareja” para todas las contiendas y todos los cargos de elección que se disputen en las urnas. Por lo pronto el terreno del proceso electoral es una de las canchas más disparejas que hayan existido en el juego de la democracia. Incluso el gobierno usa a las instituciones como parte del juego represor. Todo el aparato gubernamental metido en el proceso electoral y nada pasa.
De risa, el inocente de Lorenzo Córdova hizo un llamado, a nombre de las consejeras y consejeros electorales, dirigido a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, desde el Presidente de la República hasta el alcalde del municipio más alejado o pequeño del país (incluidas las y los legisladores federales y locales), a que cumplan el mandato del artículo 134 constitucional que obliga al ejercicio imparcial de los recursos públicos y a que se apeguen a estos lineamientos ¿Decirle a las autoridades que cumpla con la Constitución? ¡Inaudito! Lo que procede, son acusaciones e imponer sanciones ejemplares a los violadores.
Como niños de primaria, la consejera Dania Ravel hizo ver que se trata de hacer valer la prohibición constitucional de no usar recursos públicos para promover aspiraciones personales, por lo que la emisión de este tipo de criterios tiene dos objetos primordiales: ser guía para que las y los servidores públicos tengan muy claro qué pueden o no hacer y, segundo, que la ciudadanía conozca qué conductas pueden constituir una infracción y, en su caso, puedan denunciarlas. De risa el exhorto de acatar los criterios; si no cumplen con la Constitución, menos con los criterios de la burocracia electoral.
Vele el recuerdo establecido por la ley. No y no. La legislación actual establece como delito electoral el uso de recursos públicos en las campañas electorales y ello no se les advierte. Es como decirle los homicidas que si privan de la vida a una persona serán sancionados, dado que así lo establece la ley. Existe un principio que reza: “la ignorancia de la ley no excluye de responsabilidad su cumplimiento”.
Aunque los consejeros advirtieron que: “los acuerdos no tienen dedicatoria respecto al actual gobierno, lo tienen respecto a todos los gobernantes de todos los niveles y hemos sido congruentes en traer estas reglas una y otra vez”, dijo el consejero Murayama. Ah bueno, parecía que el llamado era para López Obrador.
¿Qué buscan los consejeros con sus acuerdos administrativos? Pretenden que sus criterios tiendan a garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales federal y locales 2020-2021. Hasta hoy no se han cumplido esos criterios y nada parece convencer al Presidente de la República. Seguramente durante las campañas será lo mismo, López es adicto al incumplimiento, no acostumbra a ser fiel a la ley.
Los consejeros buscan, al menos no se quedan cruzados de brazos, por ellos establecen mecanismos para evitar “acciones que generen presión sobre el electorado y garantizar que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible”. En teoría están muy bien. En la práctica, López hace lo que le place.
El Presidente y su “ejército” continuarán con la entrega de cualquier material que oferte, entregará cualquier beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio, para agradecerle; tal como lo hiciera uno de sus seguidores “cineastas”, le agradeció la entrega de dinero ¿Quién fue? Damián Alcázar ¡Cinismo cineasta y delincuencial! Están prohibidas esas acciones para López Obrador, todas las estructuras gubernamentales, partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, debido a que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto.
También recordaron que la propaganda gubernamental debe suspenderse durante las campañas y tener carácter institucional y fines informativos educativos o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica. Exactamente lo que hace López, pero aun no estamos en tiempos campañas, pende de un delgado hilo su aberrante conducta antidemocrática ¿Equidad e imparcialidad entre participantes? ¡No!
Héctor Parra Rodríguez
