Habrá siempre voces en contra, pero hoy, vale la pena resaltar que sean publicadas leyes que son necesarias, actuales y modernas, como la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro; aseguró Miguel Palacios Rendón; presidente del Capítulo Querétaro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Barra Queretana de Abogados.
Al encabezar una mesa de trabajo sobre la recién aprobada ley que regula la prestación del servicio de agua; Palacios Rendón señaló que este ordenamiento era sumamente necesario, pero que también es perfectible: “es una ley que intenta regular lo que no estaba regulado. Hoy podemos meter al carril de la certeza jurídica, a quienes no lo estaban en materia de concesiones, pero además, generar certeza para los futuros inversionistas, lo que permitirá que pueda llevarse a los queretanos, los servicios que requieren”.
Dejó en claro que es tarea de los abogados y de la sociedad civil organizada, analizar este tipo de leyes, dejando de lado los claroscuros que sólo confunden a la gente: “debemos promover la modernización del esquema legislativo y acercar al diálogo a los Poderes Legislativo y Judicial”.
En su oportunidad, Andrés Alejandro Pérez Frías, integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Querétaro; subrayó que el crecimiento poblacional no sólo en el estado, sino en todo el mundo, demanda un mayor servicio del agua y que el gobierno tenga que incrementar su oferta de servicios para atenderla. Lamentó que se ha satanizado el proceso de las concesiones y señaló que hablar de privatización es un concepto erróneo para la ley que fue aprobada en la Legislatura: “el agua no se vende, porque solamente la CONGUA puede atender estos temas, esto solo se trata de la prestación de un servicio referente al agua”.
De igual manera, Oscar Hale Palacios, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Querétaro; aplaudió la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado y señaló que como organismo, forman parte del Consejo creado a partir de esta, por lo que se mostró abierto para escuchar las opiniones de los interesados en la materia.
Por otra parte, Mayela Portos Hernández, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, apuntó que esta Ley da mayor certeza jurídica en el tema de la prestación del servicio de agua, porque no es un tema de privatización, sino de concesión y señaló que un punto más a resaltar de dicho ordenamiento, es la eliminación de los macromedidores, que tanto afectan a la sociedad. Añadió que puede seguirse analizando esta ley que ya está publicada y escuchar más voces.
Adolfo Joaquín Contreras Roy, presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios de Abogados de Querétaro; destacó el problema de sequía y de falta de agua, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Explicó que el gobierno debe conjuntar esfuerzos con la iniciativa privada para poder brindar a la población los servicios que requiere: “lo que sí es claro es que la entidad no tenía una ley de este tipo, estamos hablando de muchos años de desfasamiento, ante una dinámica de gran desarrollo inmobiliario, de servicios, industrial”. Mencionó que faltan temas de medio ambiente, saneamiento, alcantarillado, drenaje y en qué podría la IP apoyar: “es una ley que si bien es perfectible, dará una estabilidad al tema del agua, su administración y la participación de los organismos operadores. En breve se verán los resultados para seguir impulsando el desarrollo en Querétaro”.
Más tarde, Sergio Camacho Hurtado, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, subrayó que está la oportunidad de hacer todas las correcciones que aparentemente necesita este ordenamiento legal, por lo que dijo, cuentan con el Colegio para las cuestiones técnicas: “aquí el problema es el sentir de la gente, ha faltado socialización para que este y otros temas, lleguen oportunamente a los ciudadanos. Si bien esta ley es necesaria, se puede mejorar, sin perder de vista el enfoque del usuario. Entendemos que el gobierno necesita apoyo”. Por lo que llamó a que las leyes y reglamentos sean claros, porque se piensa que todo sigue como lo era en otros tiempos.
Mario Arturo Trejo López, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, capítulo Querétaro; aseguró que el estado como tal, no tiene la capacidad de prestar el total de los servicios, como el agua, pero el gobierno dijo, se apoya en la iniciativa privada para hacerle llegar en este caso, el vital líquido a la gente. “Se regulan los organismos operadores que ya existen, porque obliga a las autoridades a seguir todos los requisitos. Si bien, la ley es perfectible, reconocemos que es un gran esfuerzo para tratar de regular”.
En su momento, Miguel Alcocer Herrera, integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Querétaro; dijo que este no es un foro para hablar de inconstitucionalidades, sino para analizar el tratamiento jurídico para que el estado pueda garantizar el derecho humano al agua: “mientras el estado no pierda las riendas del abasto y regulación, esto no debe desencadenar en una posición política, porque la salud y el derecho al agua no se merecen opiniones políticas”.
Alfonso Rodríguez Sánchez, integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Querétaro; coincidió en que la intervención del sector privado en el tema de agua potable y saneamiento, da muchas áreas de oportunidad para regular lo que ya existía: “grupos ambientalistas han politizado también el tema. Hay un capítulo de concesiones en la ley y ahí está la médula del problema. Es importante entonces, proponer al Congreso, empatar esta legislación con el artículo 20 de la Ley Nacional de Aguas”.
Arturo Hernández Serrano, presidente del Consejo Estatal de Profesionistas Inmobiliarios de Querétaro; detalló que para que pueda detonarse una ciudad o estado, de manera sostenible, deben buscarse soluciones paralelas que no afecten los presupuestos de gobierno y en el caso del agua, aplican las concesiones. Comentó que existe la necesidad de explicar mejor a la sociedad, esta nueva ley: “está previsto que en unos seis años seamos 6 millones de habitantes en Querétaro. ¿Cómo vamos a hacer para tener la infraestructura necesaria? Tiene que haber participación de inversión pública y privada”. De igual manera, recomendó que cuando se busca hacer este tipo de proyectos, debe tomarse en cuenta a los ciudadanos, con foros, con mesas de trabajo, lo que da validación y respaldo por parte de la sociedad.
Finalmente, Julio Senties Laborde, integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Querétaro, hizo un llamado para no perder de vista el tema de los organismos municipales: “no todo municipio puede tener la capacidad técnica y económica, para tener su propio organismo como lo tiene San Juan del Río. Si estamos viendo que hay gente que lo que quiere es generar grilla, creo que es importante que analicemos la ley, a la luz del artículo 115, en la parte que corresponde a la función de los municipios, porque no se les puede quitar esa facultad. Y de alguna manera, la función de toda ley, es garantizar la paz”.
