Con respecto a la intervención de elementos de Policía Estatal en la manifestación social del
pasado 10 de junio de personas que rechazan la llamada coloquialmente “Ley de Aguas”, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ)
abrió el expediente de queja 240/2022 con el que ya se conduce una investigación diligente
y autónoma respecto a la actuación de las diversas autoridades involucradas para determinar si la intervención del personal dotado del uso legal de la fuerza pública se hizo con respeto a los
principios fundamentales establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
La Defensoría detalló que atendió y acompañó a las personas detenidas en la manifestación, durante las primeras horas.
Como ha sucedido en ocasiones anteriores, esta Defensoría estudiará el caso a fondo y tendrá
una determinación respecto a la responsabilidad de las autoridades involucradas en estos
hechos.
“La temática del agua es sin duda una de las más relevantes a nivel mundial en torno a la
discusión de los derechos humanos, y por supuesto que Querétaro no puede ser la excepción”, expresó la Defensoría en comunicado.
Agregó que es
un tema multifactorial que debe ser analizado de manera seria, empática y consciente, sobre
cada una de sus vertientes.
Actualmente, esta Defensoría se encuentra realizando un análisis técnico jurídico sobre los
alcances de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del Estado de Querétaro y que deroga diversas disposiciones del Código Urbano
del Estado de Querétaro, publicada en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el pasado 21
de mayo de 2022, en uso de sus facultades dispuestas en el artículo 105, fracción segunda, inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien esta es una práctica estándar respecto a toda legislación publicada, en esta ocasión la
relevancia del análisis que se conduce es mucho mayor, toda vez que se han recibido diversas
solicitudes por parte de particulares y organismos de la sociedad civil, en las que se expresa la
preocupación de que la ley en comento pudiera ser violatoria de los derechos humanos, indicó la Defensoría.
Será a
partir de la conclusión de dicho análisis técnico jurídico que se concluya si existen o no
elementos violatorios de los derechos humanos.
A pesar de estas acciones, dijo, es importante reconocer que la problemática del agua contiene otras
vertientes que van más allá de la legislación en comento, y que se han manifestado en las
movilizaciones sociales de las últimas horas, por lo que es importante que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, ofrezcan un espacio de diálogo para, en principio, reconocer todas y cada una de las vertientes de esta problemática, y con ello construir una ruta crítica para
darles solución.
Esta Defensoría ofrece su interlocución para construir un diálogo amplio e inclusivo, con todos
los grupos y actores de la sociedad civil, y las autoridades necesarias para su atención, con el
objetivo de trabajar para dar solución a los conflictos, y con ello resolver las controversias que se
han suscitado, reducir las tensiones sociales y políticas y así evitar la consumación de un entorno
propicio para situaciones que favorezcan la violación de derechos humanos.
La Defensoría afirmó que la libertad de expresión y el ejercicio de la manifestación son la base fundamental de una
sociedad democrática, por lo que todas las instituciones del Estado deben adoptar como
premisa fundamental el respeto a la libre manifestación de las ideas.
En una sociedad democrática, lo normal es que existan diversas posiciones políticas, y lo que
debemos de garantizar es la capacidad de dirimir esas diferencias, en la búsqueda de construir, a partir de todas las opiniones, de todas las posturas, una sociedad igualitaria y equitativa en la
que el faro conductor sea el respeto y la protección a los derechos humanos, afirmó.
También, en su comunicado expresó que las manifestaciones sociales del pasado viernes 10 de junio y sábado 11 de junio son una muestra de que Querétaro es una sociedad viva, con opiniones distintas que deben ser todas escuchadas y atendidas para darles cauce y solución.
Además, afirmó que ante este escenario, se deben agotar todas las instancias del diálogo social y político para garantizar que todas las voces sean escuchadas y todas las posturas sean atendidas.
La Defensoría destacó que, de acuerdo con la Observación General núm. 37 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relativa al derecho de reunión pacífica, “las fuerzas
del orden pertinentes deberían trabajar en la medida de lo posible para establecer canales de
comunicación y diálogo entre las diversas partes que participen en las reuniones, antes de su
celebración y durante ella, con el fin de promover la preparación, reducir las tensiones y
resolver las controversias”.
“Sin embargo, en caso de que sea necesario el uso de la fuerza, y de
acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, esta “debe ajustarse a los principios
fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación””.
Enfatizó que la respuesta del Estado a través de la intervención de instituciones dotadas del uso legal de la
fuerza pública debe ser la última opción, y se debe asumir que su intervención siempre significará, aún si la actuación de estas instituciones fuese legal y legítima, que el diálogo político no ha logrado sus objetivos para la construcción de acuerdo.
