La Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro ha decretado la ejecución de embargos de bienes a deudores alimentarios, aseguró Maricela Sandoval López, magistrada presidenta de la Sala Familiar.
Recordó que las leyes locales establecen sanciones, entre ellas, el embargo de bienes para personas que no cumplen con el pago alimentario a sus acreedores.
La magistrada expuso que es constante que las y los jueces de la Sala Familiar determinen embargos de este tipo que se ordenan en los juicios de primera instancia.
Incluso, refirió que en el estado también existe el delito de incumplimiento de obligación de asistencia familiar, lo cual puede ser sancionado con cárcel; asuntos que se tratan desde la competencia penal.
Mencionó que es constate el aumento de asuntos que tiene que abordar esta Sala relacionados con juicios de pensión alimenticia, fijación de alimentos e incumplimiento de alimentos a los acreedores.
La magistrada expresó que entre un 85 a 90 por ciento de los asuntos que procesa la segunda instancia de la Sala Familiar tienen que ver con juicios de pensión alimenticia, verificación de garantías, planillas de alimentos que se fijaron en otro juicio y no se cumplieron y procedimientos de divorcio que tienen como prestación adicional la fijación de alimentos.
Además, comentó que el mayor número de los deudores alimentarios son varones, aunque también se presentan casos de mujeres.
Expresó que estos asuntos son constantes y altos, en segunda instancia. El año pasado esta sala procesó 2 mil 500 expedientes y en lo que va de este año casi 900, relacionados con divorcios, patria potestad, custodias, fijación de garantías, alimentos, convivencias y procedimientos sucesorios, entre otros.
La magistrada Maricela Sandoval López, consideró que la colocación en Plaza de Armas, hace unos días, del tendedero de deudores alimentarios responde a una manifestación de personas que denuncian la existencia de personas en esta condición.
Esto surge, dijo, con base en una legislación que pretende establecer sanciones a nivel federal que están por publicarse y que fueron autorizadas por el Poder Legislativo a nivel federal.
Esta legislación que se aprobó considera sanciones para los proveedores alimentarios como no obtener la autorización para salir del extranjero, que se les acote la posibilidad de tener nuevos créditos y que no puedan acceder a cargos públicos.
“Se presentó esta manifestación respecto de ciertas personas que pudieran o no tener procedimientos iniciados. Solicitan que se amplie este registro de deudores alimentarios que existe en la ciudad de México y se amplíen las sanciones. Que con motivo de esto tampoco tengan acceso a otras cuestiones para que cumplan con sus obligaciones alimentarias”, expresó la magistrada.
Sin embargo, la magistrada mencionó que es importante analizar si ampliar las sanciones garantizará que los deudores cumplan sus obligaciones.
“Si se tiene que analizar si este tipo de sanciones realmente influye y genera una conciencia en los deudores para que cumplan”, comentó.
Lo anterior lo dijo pues consideró que las familias deben tener consciencia social de la obligación que adquieren al tener acreedores niños, niñas y adolescentes.
“Lo primordial es que cada persona tenga consciencia que tiene obligación alimentaria, lo primero es cumplirla, porque no podemos decir a los hijos hoy no comes, hoy no tengo dinero para llevarte a las escuelas. Reitero que se puede ampliar el catálogo de sanciones, pero esto es de conciencia”, manifestó.
