La secretaria de educación, Martha Elena Soto, señaló que el operativo de revisión de mochilas en escuelas se puede implementar en la entidad solo en las escuelas donde los padres de familia expresen formalmente su consentimiento y en las que ellos mismos participen en la operación de este sistema.
Lo anterior pues recordó que hacerlo de forma directa sin la aprobación de los padres de familia puede atentar derechos y garantías de las y los estudiantes y/o de los padres de familia.
Recordó que anteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos le realizó una recomendación a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la que le refirió que el operativo mochila deben hacerlo los padres de familia para no vulnerar los derechos y pertenencias de las y los estudiantes.
“Ese es el impedimiento jurídico en materia de derechos humanos. El propósito es que, si así lo desea la comunidad escolar, tendrían que ser los padres de familia los que estuvieran a cargo de la operación, porque si lo hace alguien más, del personal de las escuelas, sin el permiso expreso de los padres de familia puede caerse en vulneración de los derechos humanos y del interés supremo del menor”, detalló la funcionaria.
Por tanto, Martha Elena Soto detalló que cada padre de familia tendría que hacer una anuencia manifiesta en la que apruebe la revisión de la mochila de su hija o hijo.
“Hoy nos damos cuenta que necesitamos más que nunca a los papás para poder trabajar en esto”, recalcó en entrevista.
Incluso, dijo que no se pueden colocar detectores de metal en los centros escolares porque hacerlo puede generar consecuencias jurídicas negativas.
La secretaria indicó que la comunidad escolar de la primaria ubicada en El Marqués, donde falleció un estudiante a causa de un impacto de un arma hechiza está recibiendo apoyo de profesionales de psicología.
Por lo anterior, se estima que las clases vuelvan en esta institución hasta el martes próximo.
Sobre el segundo alumno involucrado a su regreso a la escuela depende de la atención psicológica y de otro tipo que recibe, pero tiene garantizado un espacio en una escuela porque no se le puede negar su derecho a la educación.
