En Querétaro, diversas asociaciones y colegios de abogados han levantado la voz para detener el proceso de discusión de la reforma al Poder Judicial, señalando los efectos negativos que esta traerá para el país.
El Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, A.C., la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Capítulo Querétaro, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, Querétaro, A.C., manifestaron su preocupación ante los posibles riesgos para el sistema democrático y la independencia judicial.
Durante una rueda de prensa, los abogados hicieron un llamado a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, para que intervenga y visibilice los riesgos que la reforma judicial implica para el Estado mexicano.
También exhortaron a que se socialice la solicitud de suspensión del proceso legislativo con los diferentes organismos internacionales de protección de derechos humanos.
Los abogados advirtieron que la reforma al Poder Judicial afectará gravemente el principio de división de poderes, lo que podría comprometer los derechos de la ciudadanía. Este proyecto de modificación constitucional propone la elección popular de jueces y la destitución masiva de los actuales funcionarios judiciales, con miras a una renovación total del poder judicial en 2027.
Además, se contempla la creación de un tribunal de disciplina judicial para sancionar a jueces que tomen decisiones que vayan en contra del interés público.
Esta medida, según los abogados, politizará el sistema judicial y minará la independencia de los jueces, quienes deben estar libres de presiones políticas para garantizar la justicia.
Los abogados también alertaron sobre las repercusiones laborales de la reforma, que afectará a más de 127,000 jueces en las jurisdicciones federal y local, además de cientos de miles de trabajadores administrativos.
Afirmaron que la reforma viola principios fundamentales de la justicia, como el hecho de que los jueces solo pueden ser removidos por incapacidad o comportamiento inapropiado, siguiendo los procedimientos establecidos.
Si bien reconocen que el sistema judicial mexicano presenta deficiencias que deben corregirse, los abogados señalaron que la reforma actual no es el camino adecuado. En lugar de una politización del poder judicial, proponen un proceso legislativo plural y adecuado que preserve la independencia judicial y fortalezca el Estado de derecho.
