Ambientalistas del estado de Querétaro aseveraron que legalmente Semarnat cumplió con la publicación del decreto de Área Protegida de la zona de Peña Colorada y que fue el gobierno de la entidad a través del sub secretario de Desarrollo Político, Juan Carlos Espinoza, quién dio marcha atrás a que se continuara el proceso.
María de la Luz Ibarra enfatizó que el sub secretario no se manda solo y que seguramente siguió instrucciones de su jefe, el secretario de Gobierno y del mismo gobernador, José Calzada Rovirosa; destacando que este último se comprometió a que esta zona fuera decretada como Área Protegida.
Durante la rueda de prensa ofrecida por los ambientalistas, un representante de los 9 ejidos de la zona, José Jacob Sánchez, aseveró que ellos fueron quienes solicitaron que se diera marcha atrás con el decreto para Peña Colorada, ya que ellos se ven afectados con la declaratoria, por lo que agradeció la sensibilidad del gobierno estatal.
Entre estas afectaciones señaló que no fueron consultados sobre este proyecto y que al momento las tierras son propiedad de ellos y no se han privatizado, por lo que piden que se respete el derecho a la propiedad; también indicó que como dueños de las parcelas tienen la intención de iniciar proyectos productivos de cría de ganado y de explotación de recursos naturales de materia equilibrada, y pidió que gobierno y empresarios generen políticas que permitan la conservación de esta área, así como que se les brinde asesoría para desarrollarlos.
Aclaró que su intención es que se desarrolle la mitad y la otra mitad quede para crecimiento y pulmón del planeta y fue enfático al señalar que no están en desacuerdo con el decreto, sino en los procedimientos para ejecutarlo.
Por su parte, América Vizcaíno aclaró que el decreto no es expropiatorio sino por el contrario, que permitirá la actividad ganadera y agrícola de la zona a los ejidatarios, pero de manera ordenada y con el menor impacto ambiental, dándoles también la oportunidad de vender o comprar.
Dijo que quitar esta declaratoria es por presión de algunos inmobiliarios que han comprado en áreas de preservación ecológica y que este decreto les estorba para realizar sus desarrollos.
Comentó que confían en que las nuevas autoridades estatales los apoyen en la declaración de este decreto.
