Los legisladores deben demostrar que sus pertenencias, no fueron adquiridas de forma ilícita
Los 25 diputados de la 57 Legislatura de Querétaro tienen que presentar su última declaración patrimonial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión del cargo, informó el legislador independiente Jorge Arturo Lomelí, quien recordó que si no se hace en ese plazo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado prevé sanciones.
“Siempre cuando ya termina un periodo en cualquier autoridad electa, siempre se llama la terminación para ver con cuánto terminas y que todo vaya acorde y evitar enriquecimientos inexplicables, entonces por Ley te lo marca, nosotros entramos y dimos el arranque de un resumen de nuestros estatus en esa declaración patrimonial”.
Recordó que todos los servidores públicos de elección popular, los de confianza, de los municipios del estado, así como magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios de cualquier categoría o asignación, incluidos aquellos que dentro de los poderes Legislativo y Judicial, así como del Poder Ejecutivo, deberán cumplir con esa obligación.
“Y de la misma manera al final, presidentes municipales, diputados federales, diputados locales y todo lo que es de elección popular, llámese regidores, tienen que hacer lo mismo”.
Enfatizó que se deben de presentar tres declaraciones durante el periodo de la legislatura, los cuales son dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión del cargo o comisión de que se trate; dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión del cargo; y durante el mes de octubre de cada año.
“Sí hay un parámetro, es antes de que tú salgas y la salida estamos hablando de un mes y medio, entonces prácticamente hay que entregarla como debe ser, como marca la ley”.
Según Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, si no se presenta la declaración patrimonial, la sanción es de 15 días a seis meses del sueldo base presupuestal, o inhabilitación por un periodo de uno a seis años, o ambas sanciones.
“Sanciones, la ley es muy clara ahí, hay sanciones económicas y se puede llegar también, si la autoridad lo considera, a sanciones”.
En otro tema, respecto al amparo que presentaron 32 ciudadanos, y el promovido por el partido Movimiento Ciudadano, en contra de la jubilación aprobada por la LVII Legislatura y publicada en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, del presidente de la Mesa Directiva Marco Antonio León Hernández, Lomelí Noriega mencionó que es un derecho y las autoridades correspondientes resolverán.
“Están en su derecho, van y recurren a las instancias que son naturales, que son judiciales y ahí no tendrá que ver ni dictaminar la parte judicial, porque ellos están en su derecho como ciudadanos, ya el juez con las herramientas y elementos podrá juzgar de acuerdo a la parte técnica”.
