“Frecuencias”.
Sí, así es como se comportaron los legisladores de la anterior LVII Legislatura Local de Querétaro, al autorizarse en los últimos meses de su “gestión legislativa” un elevado y descomunal aumento a sus salarios que sobrepasó el 82%, como si en verdad hubiesen realizado verdaderos actos de heroicidad en sus tres años de permanencia en tanto que “representantes populares”.
Además de que la anterior Legislatura fue la encargada de tramitar la costosa construcción del nuevo edificio legislativo que terminará pagándose en el año 2034 la friolera suma de $ 700 millones de pesos, cuando el costo original ascendía a los $ 239 millones.
Una vez más nos preguntamos: ¿quiénes de los integrantes de la anterior Mesa Directiva se benefició de importantes comisiones (“cochupos”) por el consentimiento de tan monstruoso incremento en el costo de la construcción final?
¿Donde está la “Transparencia y la Rendición de Cuentas” que tanto han cacareado nuestros propios legisladores? Y de las cuales tanto los funcionarios federales como los estatales han hecho gran alarde.
Al respecto, es digno de tomar en consideración la Iniciativa de Ley que en próximos días presentará el Senador de la República (panista) de nombre Francisco Búrquez Valencia, en el sentido de que se necesita imponer el “Déficit Cero” en todo el territorio mexicano, ya que -según él- México se encuentra en una grave crisis de deuda pública.
Ejemplo, en el año 2012, del 5.2% se incrementó esa deuda a más de 8 billones de pesos; es decir, el 47% del Producto Interno Bruto (PIB).
O sea, en palabras más sencillas, el tamaño de la deuda pública por trabajador mexicano es de más de $ 160 mil pesos.
Más escalofriante hecho es que cada niño que está naciendo -por ese deleznable hecho de pésimos gobernantes y administradores públicos – ya debe más de $ 70 mil pesos.
Debe ponerse un alto inmediato al endeudamiento público en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
A los funcionarios públicos que por su estúpido desempeño incidieron en esa gran pifia se les tiene que castigar y obligar a que no sólo paguen, sino también a que restituyan con creces lo malogrado a las finanzas públicas. Esto debe ser un acto de justicia para la ciudadanía. ¿Dónde queda la Responsabilidad Social Objetiva del Estado?
Twitter:@Jroldana
