El diputado por el V Distrito de la LVIII Legislatura del Estado, Luis Gerardo Ángeles Herrera, trabaja en la elaboración de la Iniciativa de Ley para Regular el Ejercicio de la Actividad Inmobiliaria en el estado de Querétaro, la cual tiene por objeto proteger los intereses legales y financieros de los ciudadanos que realicen operaciones con la asesoría de agentes inmobiliarios.
En las sesiones de trabajo en las que se desarrolla la iniciativa, Gerardo Ángeles informó que los alcances de la iniciativa de ley consisten en que los agentes inmobiliarios cuenten con un programa de capacitación integral y de actualización impartido y reconocido por el estado.
Asimismo, el legislador Gerardo Ángeles agregó que con esta ley -la cual sería la primera en su tipo en el estado- se contaría con un registro de agentes, empresas y asociaciones inmobiliarias.
En diciembre pasado, el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones se reunió con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), con la finalidad de conocer sus propuestas al respecto y reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con el sector inmobiliario para generar una propuesta que permita eliminar las irregularidades que se presentan durante las operaciones inmobiliarias y crear mecanismos para profesionalizar al sector que ofrece este tipo de servicios.
“Es fundamental que quienes se dedican a la actividad inmobiliaria puedan brindar un servicio integral que reduzca los riesgos en la adquisición de tus bienes inmuebles y te ayude a proteger tu patrimonio”, señaló.
También, Gerardo Ángeles consideró la necesidad de generar un padrón de profesionales inmobiliarios, el cual debería estar compuesto por aquellos que cuenten con las capacidades necesarias para dedicarse a las operaciones inmobiliarias.
Agregó que la necesidad de generar la primera ley en el estado que regule la actividad inmobiliaria, surge del eminente aumento de operaciones inmobiliarias en la entidad, y porque en algunos casos estos procesos se llevan a cabo cometiendo fraudes en detrimento del patrimonio de los ciudadanos.
