Advierte el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Mauricio Ortiz, que se actuará con las medidas jurídicas necesarias, en contra del proceso de elección de los dos integrantes de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG), para garantizar la legalidad.
“Vamos a revisar el proceso con enorme minuciosidad porque encontramos una serie de elementos que podrían objetarlo, estaremos analizando cuál fue el procedimiento electivo que se siguió y vamos a tomar las medias jurídicas que consideremos pertinentes”.
Lo anterior luego de que este domingo, en sesión de pleno, los diputados eligieron como comisionados a Eric Horacio Hernández López, por un periodo de seis años y María Elena Guadarrama, para siete años, con 16 votos a favor y ocho nulos.
“Estamos analizando el proceso, el compromiso del PRI estará en respetar la ley por encima de cualquier otra cosa, lamentaos que no se pudieron construir los acuerdos o consensos que pudieran haber permitido a todos, tomar una decisión de carácter unánime, pero es parte de la democracia”, añadió Ortiz Proal.
Aseveró que el tricolor estudia las herramientas que se pueden utilizar para manifestar inquietudes dentro del marco de la ley y los procedimientos que establece la Constitución.
“De los 11 aspirantes, si cumplieron con los requisitos que mandata la ley, todos deben ser considerados como elegibles, algunos más vinculados al tema que otros, me parece que todos con experiencia importante, tenemos que estar analizando el principio de legalidad, que es el que queremos preservar a toda costa”.
Destacó la necesidad de analizar las fichas curriculares de los 11 participantes para determinar si existe un vínculo con Acción Nacional, con una revisión minuciosa de todo el caso.
“Llegando el momento estaremos explicando cuáles van a ser las acciones en términos jurídicos, que estará tomando el grupo parlamentario del PAN”.
Añadió que tuvo un compromiso familiar, por lo cual faltó a sesión de pleno y no emitió su voto, sin embargo justificó la inasistencia.
Cambiando de tema, aseveró que derivado de la desindexación del salario mínimo, es necesario conocer la opinión de gobierno del estado, a fin de modificar las leyes y reglamentos que utilicen el término de “salario mínimo”, como en multas y sanciones.
“El asunto de la desindexación del salario mínimo, trae como resultado checar decenas de disposiciones jurídicas, algunas de carácter legal, otras son reglamentos, necesitamos conocer cuál es la opinión de gobierno del estado, poder revisar de manera muy minuciosa, cuáles son las legislaciones que tendríamos que estar actualizando, modernizando y proceder a la brevedad de establecer una agenda de esfuerzos conjuntos, para que se presenten las iniciativas de ley que nos permitan actualizar el marco jurídico”.
