TRAS LA VERDAD
Primer conato de “bronca” entre taxistas de la Central Camionera –que se han adueñado del pasaje en esa zona- y propietarios de vehículos que trabajan para la empresa UBER. El problema lo advertimos desde el sexenio pasado y las autoridades competentes nada han hecho para regular o prohibir el servicio de transporte público llamado “privado”.
Son dos “empresas” que iniciaron el servicio del transporte público –taxis- por medio de vehículos particulares, llamadas UBER y Cabify, quienes incorporaron la tecnología de una plataforma digital. Pero ¿En qué consiste esa plataforma digital?
Entre otras cosas, por medio de los teléfonos celulares “inteligentes”, usted se da de alta en esa plataforma; le piden todos sus datos, debe tener tarjeta de crédito o de débito para hacer uso del servicio de taxi. Por medio de un “telefonazo” usted llama a la empresa, ésta ubica al usuario por medio del localizado digital Google, da su número de tarjeta, le descuentan de inmediato el importe y envían el automóvil por usted; con la ventaja que el mismo “taxi” trae teléfono “inteligente” y usted puede seguir la ruta del chofer hasta llegar al domicilio señalado para pasar por el cliente. Y así queda rastreado todo el trayecto por medio de la plataforma digital de estas empresas que han incursionado en varias partes del mundo y no solo en algunas ciudades de nuestro país.
No cabe duda que el servicio que se presta es el de un transporte púbico privado, que hay una contraprestación entre las partes; el usuario y UBER o Cabify. El chofer, dueño de su vehículo no recibe paga alguna en el momento, el dinero es “plástico”. La empresa gana y el chofer también. Lo interesante, además del novedoso servicio –dijo Calzada cuando se le preguntó- que la mayoría de los choferes vienen de otros estados, aprovechando las “bondades de las autoridades”, que se volvieron permisivas con este servicios. Hasta audiencia tuvieron con el gobernador de entonces. Habría que dejar en claro que algunos “vivillos” de siempre tienen varios vehículos con chofer; no hay reglas pues.
La solución inmediata es sumamente sencilla: prohibir este servicio que no está contemplado en la ley. No hay norma aplicable al caso concreto. Por el contrario, solo el gobierno tiene la facultad de otorgar los permisos para prestar el servicio concesionado de transporte público en su modalidad de taxi. Esta es la única forma jurídica y las concesiones son para unos cuantos o se venden en el mercado negro a precios muy altos. Hay empresarios del ramo con varias concesiones desde tiempos inmemorables, familias enteras dedicadas a la explotación de este transporte público.
Ahora que si la idea es generar una nueva modalidad de transporte público, se hace necesario que los diputados se pongan a trabajar y no simplemente se dediquen a estar apoyando propuestas añejas como el denominado “torito”, que no es más que un arresto por falta administrativa, con el agravante del pago de una costosa multa. Este método administrativo de arresto se utilizó hace muchos años para detener a ciclistas cuando viajaban en estado de ebriedad, en aquellos tiempos en que había más bicicletas que automóviles. Nada novedoso. Y en Querétaro se agrava la mediada por ser un delito que merece pena de prisión; dos sanciones por una misma conducta que violenta la Constitución. En fin.
Por supuesto que el propio Poder Ejecutivo del estado seguramente debe tener trabajando a su área jurídica para crear esa nueva modalidad en la prestación del servicio de transporte público; crear nuevas normas que regulen esta prestación del servicio público; sobre todo porque hoy gobierna una administración panista que gusta de dar libertades al mercado para generar empresas y empleos, sin mayores trabas.
Muy sencilla la solución, sin embargo la desatención del asunto o la apatía como en otras partes de México y el mundo, este asunto ha generado problemas serios entre taxistas tradicionales quienes sí pagan los permisos para las concesiones; y los “libres” que hoy día nada pagan y sin requisitos del gobierno prestan un servicios público. Por la falta de atención, ahora varios propietarios de automóviles particulares de UBER enfrentan el problema de la detención de sus vehículos que fueron llevados al corralón supuestamente porque ahora sí hubo denuncia ciudadana ¡Por favor! Hemos hecho la advertencia desde hace meses en este medio y nada se había hecho para poner orden en el ramo.
A la vista de todos han estado trabajando estas empresas, incluso personal que laboró en el sexenio pasado hoy ha invertido en esta lucrativa modalidad de transporte público, precisamente porque bien saben de los vacíos legales. Considero que será importante abrir esta nueva modalidad, darle la legalidad que requiere, generando la legislación necesaria para legalizar la prestación del servicio de transporte “privado”, que no deja de ser público. Digo, aprovechando que se necesitan fuentes de empleo, pero bajo las mismas reglas de cualquier contribuyente para el pago de impuestos y derechos.
