Carmen Consolación González Loyola, señaló que solicitará un amparo ante los tribunales federales para lograr la libertad de su hermano Pablo González, líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, quien consideró que es un preso político.
“Lo que vemos es que se trata de una acción política de represión en contra de mi hermano para poder realizar lo que ocurrió ayer (domingo) el desalojo de La Alameda (de los comerciantes), nosotros vamos a buscar acudir ante todos los tribunales que la ley no permite para obtener lo más pronto posible su libertad, consideramos que hay un juicio por consigna”.
Consolación González Loyola agregó que este sábado se entrevistó con su hermano, a quien se le acusa por el delito de motín, el cual ha sido declarado inconstitucional en varias tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que vulnera las garantías de libertad de expresión y manifestación.
“La acusación en términos generales, la denuncia la hace un comandante de nombre Antonio Hernández Landaverde, quien dice que la madrugada del jueves 16 de junio acudió por un llamado de radio, porque le manifestaron que había un conglomerado de 100 personas en La Alameda, él acude y dice que estas personas se encontraban muy violentas y para comprobar la violencia exhibe una foto de una cartulina que dice: Si nos tocan a uno, nos tocan a todos”.
Mencionó que según el comandante, este 16 de junio fue ofendido y que Pablo González, amenazó con quemar patrullas.
“Lo que ocurrió fue que integrantes de Felipe Carrillo Puerto se estaban concentrando en las inmediaciones de La Alameda porque habían solicitado audiencia con el alcalde (Marcos Aguilar) y éste se negaba a atenderles, para tratar el tema de La Alameda, como no recibieron respuesta decidieron acudir a la Ciudad de México, por lo que estaban organizando una caravana para que no les agarrara el Hoy No Circula, era de madrugada”.
Después de estos hechos, explicó, un concertador prometió a los tianguistas que serían atendidos al día siguiente, por lo cual el líder comerciante acudió a las 10 de la mañana, sin embargo fue detenido.
“Con actos de violencia al haber sido encañonado con armas blancas, por los agentes de la Fiscalía Especial, nos parece un acto excesivo, no hay proporcionalidad entre los hechos narrados y la privación de su libertad, lo que nos lleva a recurrir ante los tribunales federales”.
Reiteró que presentó una queja ante la Defensoría de os Derechos Humanos (DDHQ), debido a que incluso se llevó a cabo la audiencia por parte de la autoridad, de manera exprés.
“Fue de una manera exprés, los hechos de los que lo acusan ocurrieron la madrugada del jueves, la denuncia se presentó el mismo jueves, la orden de aprehensión se giró el mismo jueves, se ejecutó el viernes por la mañana, a las cuatro se llevó la audiencia y a las seis de la tarde estaba resuelto su caso”.
Lamentó que la audiencia concluyó en que el líder sí se cometió el delito de motín, en virtud de que se puso en riesgo la seguridad del estado, por la manifestación “Voy a quemar patrullas”.
“No había galones de gasolina, el policía dice: Dijo que iba a quemar una patrulla y en base a eso, el juez decreta la cárcel preventiva porque dice que es un peligro para la comunidad, va a enfrentar el proceso privado de su libertad”.
Puntualizó que el delito de motín puede derivar en sanciones de dos a 12 años de cárcel.
