Cualquier mexicano debe saber que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no juzga ni sentencia, apenas recomienda de acuerdo a las “conjeturas” que formula en base a las pruebas que recaba. No es autoridad jurisdiccional, no tienen fuerza legal sus recomendaciones, apenas si llega a la “fuerza moral”.
Ayer 19 de agosto dio a conocer su “Dictamen” sobre el homicidio ocurrido el 22 de mayo de 2015, en el poblado de Tanhuato, Michoacán, cuando en el enfrentamiento entre delincuentes y policía federal, murieron 43 personas; un policía federal y el resto delincuentes que estaban armados con rifles y pistolas de alto poder, como fusil “Barret” –capaz de derribar helicópteros-.
Dice la CNDH en su “Dictamen” que hubo actos de tortura, manipulación de los cuerpos, peritajes incompletos o negligentes, siembra de armas de fuego, entre otras arbitrariedades más. También establece que si bien los civiles –delincuentes- murieron con disparos de larga distancia, como lo dijo la Policía Federal, -según la Comisión- las pruebas confirman que en 22 casos, el uso de fuerza letal en contra de estas personas no fue “racional ni proporcional”, lo que de acuerdo con el “Protocolo de Minnesota” se califica como “ejecuciones arbitrarias”.
Por supuesto que esta versión –que no es sentencia o resolución jurisdiccional- muchos medios de comunicación la dan por cierta, sin tener mayor información que la ofrecida en conferencia de prensa por el mismo presidente de la Comisión, pasando por alto lo dicho por la autoridad, así como las diligencias desahogadas en el expediente en el que se juzgan los hechos. Simple y llanamente la mediatización –muchos, no todos- hace su labor desacreditadora del gobierno federal; seguramente por ello le tiembla la mano para poner orden en contra de los delincuentes de la CNTE y otros tantos más.
El síndrome del 68 aun le pesa al gobierno de Peña y no quiere pasar a la historia como una autoridad represora, dado que, cuando combate a la delincuencia organizada, entre estos y algunos medios de comunicación –bien identificados como contrarios al régimen peñista- se encargan de acusar al gobierno de abusivo y represor, en defensa de los delincuentes.
Una vez que el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ofreció su conferencia a los medios de comunicación, muchos dan por ciertos los hechos del Dictamen 4VG/2016; cuando que el contenido de sus 696 páginas no son conclusivas jurisdiccionalmente ¿Y los juicios que se siguen sobre estos hechos? A nadie le importa, creen que el Dictamen es sentencia. En el caso caben muchas preguntas ¿Y el policía que fue muerto por los delincuentes, quién lo defiende? ¿No hubo exceso de fuerza de los delincuentes? ¿El armamento de grueso calibre que portaban los delincuentes no era de peligro? Parce que estas interrogantes y muchas más no interesa a quienes difunden la noticia mediática que “causa impacto negativo al gobierno” ¡Allá que los familiares y el MP defienda al policía asesinado! Una vez más, es momento de defender a los delincuentes.
Así las cosas, la CNDH emitió la recomendación -que no es obligatoria-; la autoridad federal la acepta pero no la comparte, recomendación que va dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad, en seis partes. La primera, colaborar con la indagatoria en la PGR que se inicie para determinar la responsabilidad de los mandos y elementos que resulten responsables del abuso de la fuerza que derivaron en la ejecución de 22 personas en Tanhuato y de los actos de tortura descritos. Mal, muy mal ¿Y los procesos judiciales que están en proceso?
La segunda de ellas, como si se tratase de una sentencia definitiva y obligatoria, piden a la autoridad que reparen los daños ocasionados a los familiares de las 22 personas ejecutadas arbitrariamente y se inscriba a todos ellos en el Registro Nacional de Víctimas. Insisto ¿Y los procesos penales que se siguen, deben las autoridades judiciales darlos por resueltos con el Dictamen de la CNDH? Sin lugar a dudas que es aberrante para cualquier lego y experto en derecho esta protagónica recomendación. Las autoridades debieran desnudar todos los delitos que cometieron esos delincuentes que ahora se pide les sea reparado el daño ¡Por favor!
La tercera recomendación consiste en que se diseñe e imparta un curso integral de derechos humanos a la Policía Federal. Esta no es descabellada, es una obligación de la autoridad capacitar a sus elementos en esta materia. La cuarta recomendación dice que se actualicen los Lineamientos Generales que Regulan el Uso de la Fuerza pues estos datan de 2012 y corresponden a la inexistente Secretaría de Seguridad Pública. Recomendación de forma y no de fondo. El derecho y la obligación subsisten.
La quinta recomendación y que ya se usa en varios países, pide la CNDH que se giren instrucciones para que se proporcionen equipos de videograbación a los agentes de la Policía Federal que permiten evidenciar las acciones que realizan. La sexta y última ocurrencia –perdón, recomendación- pide que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones sobre la legalidad de los agentes en operativos, hasta que no se cuente con resultados de una indagatoria. La CNDH pide se viole la constitución sobre el derecho a la libertad de expresión.
Por supuesto que el brazo flamígero de la recomendación de la CNDH se extiende al gobierno perredista de Michoacán, que preside Silvano Aureoles. Ordenan se colabore con la Comisión en la denuncia que se presentará ante la Procuraduría por la actuación deficiente de peritos y servidores públicos que incurrieron en irregularidades en la indagatoria relacionada con los decesos en el rancho y se imparta un curso integral a todos los servidores públicos de la Procuraduría en materia de derechos humanos, específicamente en aplicación del protocolo de Autopsia, así como de preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia. Solo les faltó ordenar que personal de la misma Comisión sea la que imparta los cursos.
Así las cosas, el Presidente de la Comisión –y algunos medios de comunicación-, pretenden hacer creer que su recomendación debe ser considerada como sentencia judicial a ejecutarse ¡No se confundan! La recomendación ni es hecho juzgado, ni sentencia obligatoria, tampoco verdad absoluta. Falta mucho para que resuelvan las autoridades judiciales responsables de decidir el derecho con base en los hechos, no en recomendaciones ¡Basta de tanta defensa a favor de los delincuentes! Por eso México está como está; y las timoratas autoridades que temen actuar con firmeza en ejercicio de sus funciones, en el restablecimiento del estado de derecho, precisamente por acciones de intimidación y desprestigio como estas. Literalmente los elementos de la policía trabajan amenazados por la delincuencia y la CNDH, so pena de ser evidenciados por algunos medios de comunicación. De ahí el fortalecimiento de los delincuentes, gozan de protección oficial.
