Muriel Salinas, directora de la asociación civil Equipos Feministas, lamentó que en muchos estados y Querétaro no es la excepción, en los procesos internos de los partidos, es evidente la violencia política hacia las féminas, la cual está señalada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Justo por este clima de hostilidad político, en los estados, no sólo en Querétaro, una de las formas de violencia política más frecuentes, justo en este momento de elecciones internas, es que se ejerce presión para las precandidatas, para que nos e registren”.
Dijo que también “el ocultamiento de la información, la presión, eso está considerado como violencia política, las amenazas durante las precandidaturas o candidaturas para desistir a esa aspiración, son formas de violencia política por causa de genero contra las mujeres, que deben ser tipificadas, sancionadas, para que podamos garantizar el derecho”.
La también coordinadora estatal de la Red para el Avance Político de las Mujeres en el estado de Guerrero, mencionó que la violencia política contra las mujeres, de acuerdo al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es cualquier acción, conducta o agresión física, psicológica o sexual que se cometa, por una persona, un grupo o una violencia ejercida directamente o, a través de terceros.
“En contra de mujeres candidatas electas, designadas o que estén en el ejercicio de la función pública, en nuestro país, en el 2013 se había avanzado en la reforma a algunos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se había tipificado la violencia política de género”.
Mencionó que en el artículo 21 Bis de esa Ley, se mencionaba que la violencia política de género son aquellos actos que busquen imponer estereotipos de género, que limiten el ejercicio de la función política de las mujeres o que impidan o tengan la intención de limitar el ejercicio de los derechos políticos.
“En el 2013, esto se reformó y también lo que entonces era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se había establecido la violencia política, como una falta grave, con esta nueva reforma en el 2014, a nivel constitucional y político, en materia electoral, este tema de la violencia política contra las mujeres quedó fuera nuevamente del marco legal en materia electoral”.
Lamentó que en la legislación, actualmente no está tipificada la violencia política, ni en la Ley de Partidos Políticos, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni en la Ley de Delitos Electorales.
“Aunque, contamos con compromisos internacionales que reconocen que la violencia contra las mujeres anula o contribuye a la anulación de los derechos políticos. Es evidente como organización civil, sobre todo en procesos electorales, son contextos muy propicios para que este tipo de violencia contra las mujeres se recrudezca y se haga más visible en el marco de procesos electorales”.
Informó que según el programa de Naciones Unidas, y lo que se ha investigado sobre la violencia política, en los procesos electorales, se presentan los diferentes tipos de violencia que se han identificado:
“Que los partidos simulan elecciones internas para eludir el cumplimiento de la paridad de género o las cuotas en algunos casos, hay candados legales, como el hecho de que haya cláusulas de excepción al cumplimiento de la paridad, si las candidatas son electas por el voto de la militancia, se simulan elecciones”.
Así mismo, explicó que se ha identificado el registro de la mayoría de las mujeres candidatas, en distritos o municipios perdedores o colocarlas al final de las listas de candidaturas de representación proporcional.
Dejó en claro que existen condiciones legales para que las mujeres participen en la política y añadió que los dirigentes de los partidos a nivel local, están renuentes a asumir la responsabilidad democrática de garantizar la paridad.
“Esto tendrá sus consecuencias, hemos visto en los últimos meses, cómo en estados como Morelos, San Luis Potosí, Nuevo León, donde los partidos han impugnado los acuerdos que emiten los órganos electorales para establecer cómo deben cumplir con la paridad, en estos casos los tribunales electorales locales han fallado para obligar a los partidos a cumplir con la paridad”.
Aseveró que pese al discurso mediático que los partidos tengan en sus propagandas, la realidad está en los tribunales, ante la resistencia de garantizar el principio de la equidad.
“El llamado es a que las mujeres participen, a que ejerzan el derecho de registrarse como precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, que no cedan a las presiones dentro de los partidos para desistir de estas aspiraciones, porque se están violando sus derechos constitucionales y políticos”.
