Con el objetivo de empoderar el combate a la corrupción como política pública prioritaria en la entidad, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Querétaro, Mauricio Ortiz y la diputada María Antonieta Puebla, presentaron la iniciativa del sistema estatal anticorrupción.
“El planteamiento es que la Fiscalía goce de cierto grado de dependencia pero que orgánicamente dependa de la Fiscalía General del Estado, ese es el planteamiento, sin duda alguna estas reformas van a implicar la creación de un tribunal que tendrá un costo, pero tenemos que verlo como una obligación, la necesidad de construir el sistema estatal anticorrupción no es una opción para el Congreso del Estado, es una obligación”, destacó el legislador.
Los diputados explicaron que el sistema estatal anticorrupción estaría integrado por un comité coordinador, un comité de participación ciudadana y un comité rector de fiscalización, para que éstos colaboren con todos los presidentes de los órganos de control interno de diversos entes públicos.
Puntualizaron que la propuesta pretende incorporar a los ciudadanos en un eficaz mecanismo de supervisión y control, así como crear una plataforma digital que contendrá la evolución patrimonial, la declaración de intereses y la constancia de la declaración fiscal de todos los servidores que intervengan en contrataciones públicas, procesos licitatorios y manejo de recursos.
El diputado Ortiz Proal, refirió que su partido plantea la posibilidad de construir un sistema de denuncias públicas, para perseguir con mayor eficacia los presuntos hechos de corrupción y con la finalidad de fortalecer los trabajos de revisión.
“Se pretende crear la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, la cual estará circunscrita a la Fiscalía General del estado, aunque contará con autonomía técnica y operativa, para investigar y perseguir los presuntos hechos de corrupción”.
Comentó que este sistema plantea la necesidad de dotar de nuevas facultades a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, así como crear un sistema de responsabilidades administrativas.
“Facultades sancionadoras de manera directa no pero si una mayor capacidad de investigación”.
Puntualizó que la intención es generar sanciones más severas para los corruptos:
“Se está planteando la posibilidad de que se procesa en juicio político en contra de aquellos funcionarios que hubieran cometido actos graves de corrupción, esto lo que persigue es que se eleven las sanciones para aquellos que sean descubiertos en motivo de corrupción”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Legislatura, Antonieta Puebla aseguró que la propuesta modifica la denominación, integración y funciones del tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se “convierta en un verdadero tribunal de justicia administrativa”.
“Dicho tribunal estará integrado por tres magistrados, lo que fortalecería su imparcialidad e independencia”.
Al concluir, el priista expresó que la iniciativa será presentada en próximos días ante Oficialía de Partes del Congreso, para “empoderar el combate a la corrupción como política pública prioritaria en nuestra entidad”.
Respecto a la declaración 3 de 3, es decir la patrimonial, fiscal y de intereses, los diputados coincidieron en que este tema será discutido pero la intención es lograr la máxima publicidad.
Recordaron que el plazo para crear el sistema estatal anticorrupción vence en 10 meses.
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