Los diputados Luis Antonio Rangel Méndez, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Verónica Hernández Flores y J. Jesús Llamas Contreras, integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, contando con la presencia de la legisladora Isabel Aguilar Morales y Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, aprobaron los proyectos de dictamen de reforma al Código Penal en materia de usurpación de identidad; y delitos contra la paz y seguridad de las personas.
El presidente de la comisión legislativa, Antonio Rangel, dio a conocer que la identidad, desde el punto de vista del derecho hace referencia a un conjunto de características, datos o informaciones que permiten individualizar o referenciar a una persona de manera precisa u objetiva, como lo son: nombre, apellido, nacionalidad, afiliación, teléfono, huellas dactilares, números de seguro social, fotografías, números de afiliación financiera, medica, laboral, entre otros datos.
Manifestó que el robo de identidad constituye una actividad ilícita y ocurre cuando se utilice información personal con fines de ilícito o de lucro, toda vez que en la actualidad el internet ha propiciado el surgimiento de la identidad electrónica, digital o virtual, que está constituida por datos personales, incluyendo claves de acceso a cuentas bancarias o redes.
Los considerandos del proyecto de ley indican que la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros, (Condusef), dio a conocer que a nivel nacional el incremento de los fraudes cibernéticos por robo de información y datos personales presentaron una variación de 164% al pasar de 304 mil 356, en el primer semestre del 2015, a 835 mil 764 durante el mismo periodo de 2016; y en este periodo se realizaron 32 mil 719 reclamaciones por posible robo de identidad. Asimismo, en 2015 de cada 100 reclamaciones imputables a un fraude, dos corresponden a un posible robo de identidad. El monto reclamado por los usuarios de la banca ascendió a 118 millones de pesos, 19% más que lo reclamado en el 2014; además, de cada 10 reclamaciones, 9 son de tarjetas de crédito y una de debido que no son contratadas.
Por otra parte, de acuerdo con las cifras de la firma de Seguros de Manejo de Riesgo Oswald, en mayo de 2015, a nivel internacional, 34% de la información robada es de trámites de gobierno y otros 17% de tarjetas de crédito, seguido de un 14% por robo a teléfonos y servicios públicos; 8% del banco; 6% son datos del trabajo y 4% de préstamos. La información obtenida de manera ilícita es usada para solicitar tarjetas de crédito, firmar cheques en blanco, hacer transferencias desde cajeros, comprar inmuebles o comprometer a otras personas en un arresto.
En otros estados como Baja California, Baja California sur, Durango, y Ciudad de México, ya se encuentra tipificado el delito de usurpación de identidad a diferencia de nuestro entidad que solo existen figuras jurídicas como fraude o la falsificación de documentos, destacando que por este modus operandi, se llevan a cabo muchos delitos, por lo que se requiere un marco jurídico robusto para que se amplíen los alcances del robo, suplantación de identidad y que atribuya competencias específicas.
Por lo que se propone, que se reforme el Código Penal con la finalidad de que al que por cualquier medio se atribuya o suplante la identidad de una persona, con la finalidad de acceder a recursos, obtener créditos u otros beneficios, se le impondrá una pena de 2 a 7 años de prisión y de 200 a 500 días multa, y en su caso la reparación del daño que se hubiera causado.
La misma pena se impondrá a quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su identidad, en cualquiera de las modalidades.
Se aumentará hasta a una mitad la pena cuando el sujeto activo sea depositario de información personas y la facilite a un tercero para llevar a cabo la usurpación de identidad; cuando el sujeto activo asuma las identidad de un menor de edad o tengas contacto con una persona menor de 16 años con la finalidad de ejecutar cualquier acto sexual; o cuando el sujeto activo sea un funcionario público.
Por su parte, la diputada Isabel Aguilar Morales agregó que con esta reforma se busca proteger a las personas contra este delito, ya que ha incrementado en los últimos años la usurpación de identidad en delitos financieros, México ocupa el octavo lugar en lo que se refiere, por lo menos 400 mil personas son víctimas al año por robo de identidad, por lo que es importante que con esta iniciativa se salvaguardarán los derechos de los mexicanos.
Finalmente, el diputado Luis Antonio Rangel Méndez, manifestó que concuerda con la intención de ser exactos en cuanto a los fraudes que se realizan, pero considera que es importante tener de manera específica un tipo penal que pueda, de manera directa sancionar este tipo de actividades; pero, mencionó que a raíz de la puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio se estará entrando a una revisión integral del Código Penal, pero consideró importante no detener los trabajos en este tipo de delitos y aprobarlos en tanto no ingreses a una revisión integral.
