El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Miguel Nava confirmó la queja de Francisca Tomás Lucio, esposa del indígena de Amealco, Marcelo Clemente, detenido por supuesto despojo de tierras, a quien se le tomó la declaración sin un intérprete, a pesar de no entender bien el español.
Su esposa aseguró que Marcelo fue detenido con una trampa, luego de que asistió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la entidad, para pedir asesoría, lugar donde fue engañado y aprehendido.
El defensor del pueblo, explicó que la quejosa reclama dos cosas, la detención ilegal y la falta de un intérprete de otomí.
“Inclusive ya ratificó la queja, una es la detención ilegal, la arbitrariedad, la forma, el engaño, lo hacen afuera de las oficinas de la Sedatu, van engañados, no los atienden y cuando sale, lo aprehenden, pero con un exceso de fuerza no proporcional a una persona indígena, que va a hacer una gestión, a una delegación federal y lo detienen como si fuera un delincuente de máxima peligrosidad”.
Dejó en claro que la Constitución señala, la obligación de la autoridad para que los indígenas que enfrentan procesos penales, cuenten con un traductor:
“Durante las diligencias ministeriales no le ponen un traductor y dice que no entiende de todo, jurisprudencia de la corte en el 2013, donde dice que se le debe de poner a un traductor. Independientemente del grado de español que habla, la Constitución en los principios del proceso penal artículo 20, dice que todas las pruebas contenidas violando los derechos fundamentales, serán nulas”.
Afirmó que además, la fianza de 50 mil pesos que se le pide, aún sin comprobar el delito, y la reparación de daños de seis millones de pesos, es exagerada, sobre todo porque Marcelo vive en una casa de cartón prácticamente.
“Nosotros estamos conociendo el actuar del Ministerio Público, él se queja al momento en que fue detenido y al momento en que no le ponen un traductor, para saber exactamente de qué lo están acusando, en su condición de indígena”.
Cabe mencionar que esta problemática derivó porque en el año de 1997, Marcelo fue a vivir al Segundo Barrio de El Marqués, luego de que dos delegados de Reforma Agraria, otorgaron la posesión de tierras a un grupo de campesinos, para ganado y vivienda, tierras que reclaman ahora los hermanos Vallarino.
“Son los hermanos Vallarino, interpusieron la demanda penal, argumentando que son dueños y tienen unas escrituras, quién sabe cuál sea el origen de esas escrituras. Pusieron la demanda penal por el despojo, el juez dio la orden de aprehensión, está detenido, el juez de manera indebida le fijó 50 mil pesos de fianza con garantía de multa y seis millones de pesos de reparación del daño”, mencionó el abogado Enrique Rueda.
