TRAS LA VERDAD
Ahora resulta que pueden estar involucradas varias dependencias federales –sus titulares- en el desvió de miles de millones de pesos, según información que dio a conocer un portal de internet, de investigaciones basadas en auditorías de la Entidad Superior de Fiscalización, cuyo seguimiento ha dado la AC Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
7 mil, 670 millones de pesos fueron entregados a 186 empresas, la mayoría de ellas “fantasmas”, dicen los informadores o ¿Desinformadores? pero a virtud de contratos celebrados con diversas universidades públicas y privadas. El gobierno federal convino la prestación de diversos servicios con las universidades y estas entregan los resultados estipulados en los contratos a las dependencias federales, las cuales no se han quejado de que alguna universidad haya incumplido con lo convenido ¿Luego entonces? Al menos la información se ha vendido como cierta sin que haya la certeza de los actos de corrupción.
De las cuentas públicas han salido las observaciones hacia diversas dependencias federales, observaciones que de acuerdo a la legislación deben se solventadas antes de que se pueda denunciar por la posible desviación de recursos públicos. Hasta ahora nada, no se ha presentado denuncia alguna en contra de funcionario o funcionaria.
¿Acaso las universidades han defraudado al gobierno federal? Todo indica que no. Han cumplido con lo estipulado en los contratos ¿Por qué entonces contratar las universidades con empresas “fantasmas”? Si en realidad han cumplido con las obligaciones estipuladas ¿Por qué han subcontratado las universidades con esas empresas “fantasmas”?
¿Quién ha abusado del presupuesto público? ¿Acaso es para evadir impuestos o para desviar parte de los recursos por parte de las universidades y que vayan a los bolsillos de funcionarios universitarios? No se sabe nada aun, las investigaciones están en curso, según se ha dado a conocer y las observaciones de la Entidad Superior de la Federación no ha recibido la totalidad de las observaciones solventadas. Por lo tanto la presunción de inocencia está presente antes de la emisión de juicios de culpabilidad adelantados.
Por lo pronto, la información hace presumir y así lo da a conocer el portal político, como una real desviación y abuso del presupuesto público por más de 7 mil millones de pesos. El “golpe” mediático ha sido contundente en el ánimo ciudadano, aunque en el fondo no haya nada claro sobre el supuesto abuso de los recursos públicos por parte de funcionarios de gobierno federal y funcionarios de universidades. Hasta ahora todo es especulación, pero hacen presumir actos de corrupción y de impunidad.
Si no son ciertos los actos de corrupción, simplemente el tiempo dará cuenta de ello. Pero de ser verdad lo que presume el periodista Salvador Camarena, del portal Animal Político y la AC Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, las autoridades están obligadas a informar, investigar y castigar a quienes resulten responsables del “atraco” al erario federal. Ahora que también se puede tratar de “golpes políticos” para debilitar el régimen priista, consecuentemente a quienes vayan a ser sus candidatos en el proceso electoral que dará comienzo el viernes próximo. Ahí está el ejemplo del Ferrari del actual Procurador, vehículo que adquirió antes de ser senador, pero la impresión de compras ostentosamente millonarias causa escozor social, molestia; máxime cuando descuben que el domicilio asentado en la factura del automóvil del Procurador lo ubican en un lugar en el que nadie vive y todo por no pagar tenencia vehicular en el Estado de Morelos, acto que muchos practican en la actualidad en Querétaro, se trasladan a emplacar sus carros al Estado de Guanajuato, lugar en el que no cobra la tenencia; pero cualquiera no es el Procurador y aquí es en donde se explota la información para debilitar al régimen.
Conclusión. Todo es hasta ahora especulación que ha generado una gran indignación social. De ser ciertos los actos de corrupción deberán investigarse y castigarse. Por lo pronto la presunción de inocencia está vigente; lo mismo que le publicaron a Ricardo Anaya Cortés, quien también se ha defendido de las falsas acusaciones en su contra, al menos él lo niega. En el caso dado a conocer por el portal político, apenas los servidores públicos empiezan a dar a conocer sus versiones, como lo hizo quien fuera responsable de Fovissste, por supuesto negó las acusaciones en su contra, afirmando que las universidades cumplieron con las obligaciones contractuales y lo que ellas hayan hecho ya no es responsabilidad del contratante. El tema de interés nacional seguirá vigente y la investigación periodística amenaza con aportar mayor información sobre los actos de corrupción e impunidad.
