La Diputada Local Beatriz Marmolejo Rojas presentó una iniciativa que busca reformar cuatro ordenamientos jurídicos, a fin de fortalecer el desarrollo sustentable en el Estado de Querétaro. Explicó que en cumplimiento a un compromiso de campaña, la propuesta integral tiene como objetivo incentivar un crecimiento ordenado, así como establecer la corresponsabilidad de la autoridad en la expedición de permisos para la construcción de desarrollos inmobiliarios, que garantice la seguridad jurídica en el patrimonio de los habitantes.
“Es una reforma a cuatro ordenamientos jurídicos: la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Hacienda de los Municipios, el Código Fiscal y el Código Urbano del Estado de Querétaro. Esta iniciativa es una propuesta integral, que cumple con reformas en todos los ordenamientos relacionados, para que tanto autoridades, servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios, garanticen un crecimiento responsable y ordenado. Y para que no se repitan casos como Hacienda Santa Rosa”.
La Diputada explicó que la iniciativa pretende coadyuvar en la prevención y en la sanción, por lo que en la Ley Orgánica de los Municipios se modificarán diversos artículos. Indicó que con esto, se dotará de facultades a los ayuntamientos, presidentes municipales y áreas encargadas de las finanzas municipales en aquellos casos en los que un desarrollador inmobiliario incumpla con sus obligaciones.
Además, de ello, indicó que se facultará a los municipios para que puedan hacer una declaratoria de contingencia y ejercer los recursos públicos en los términos que determine el ayuntamiento. Explicó que tales cantidades serán consideradas en créditos fiscales a favor del municipio.
En cuanto a la Ley de Hacienda de los Municipios, la Legisladora señaló que la iniciativa propone la creación de una “Constancia de cumplimiento de infraestructura urbana”, que emitirá el Municipio a los desarrolladores que cumplan con sus obligaciones, así como la imposición de multas y recargos a quienes incumplan.
La reforma al Código Fiscal contempla la imposición de sanciones a los servidores públicos y notarios en caso de inobservar las legislaciones en esta materia
