Las propuestas aprobadas contienen severas inconsistencias
La diputada Elsa Méndez Álvarez señaló que el paquete de iniciativas que planteó el Partido Acción Nacional son una serie de medidas arbitrarias y violatorias de los derechos humanos de libre tránsito, asociación y expresión de ideas de los ciudadanos, más allá del propósito inicial que era y debería seguir siendo solamente proteger al personal del sector salud.
“Me sorprende que ver como los legisladores de Acción Nacional sumisamente aceptaron convertirse en aquello que critican diariamente del gobierno federal, cuando buscan atribuirle un carácter arbitrario y autoritario, mientras en Querétaro ellos hacen exactamente lo mismo”.
Explicó que el paquete de medidas que impulsó el PAN tiende a restringir los derechos humanos de libre tránsito de las personas con sanciones que pudieran llegar hasta la cárcel.
Esta iniciativa de ley no precisa qué elementos habrán de acreditar que una persona, en aras de su derecho y que circule libremente, padezca una enfermedad transmisible que amerite ser castigada hasta con cárcel, agregó la legisladora tras destacar que esta iniciativa evidentemente viola los derechos fundamentales de libre tránsito.
Cuestionó la diputada: ¿Qué autoridad va a determinar que una persona no está cumpliendo con el aislamiento social por padecer COVID-19 y con base a qué y bajo qué elementos se determinará su padecimiento? ¿Quién será la autoridad que aplique la sanción? ¿Un oficial de la SSPM, un agente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, un agente de Movilidad Municipal?
Ahora bien, esta ley trasciende la temporalidad de la pandemia, es decir en tanto que una determinación administrativa concluye al mismo tiempo que la situación extraordinaria que le dio lugar, al quedar legislado, y al ser la ley una norma de carácter general, va más allá del período de la epidemia, lo que significa que los ciudadanos habremos de quedar sujetos a este tipo de criterios exacerbados por parte de la autoridad en el futuro.
Expresó que es lamentable ver como una parte del Poder Legislativo se mostró sumisa a la voluntad del Poder Ejecutivo para que este se sustrajera de la responsabilidad que le correspondía para aplicar las determinaciones administrativas con las que habría sido suficiente y en lugar de ello, decide ordenar a su grupo mayoritario en el Congreso que votara esta iniciativa.
Pareciera que con esta decisión, el Ejecutivo está pretendiendo que no disminuyan sus índices de popularidad, contrario a lo que ocurrió en otras entidades, en donde los Gobernadores hicieron uso de sus facultades administrativas más allá de sus particulares intereses políticos.
Asimismo, la diputada local destacó la incongruencia de este paquete de iniciativas presentadas, ya que liga al tema de la pandemia una serie de asuntos, que no están vinculados, tales como castigar hasta con cárcel la realización de una manifestación ciudadana, la negativa de un testigo a declarar, el hecho de que alguien impida la ejecución de una obra o trabajos públicos.
De igual manera, detalló que además se planteó que se castigue a los ciudadanos que no atiendan la prohibición de vivir en un lugar determinado, y también a quien desee trasladarse de un lugar a otro.
Advirtió que todas estas reformas no están ligadas a los asuntos propios de una pandemia, peor que eso dijo, al quedar plasmados en una norma general excederán la temporalidad de la contingencia sanitaria.
