En un caso preocupante que ha despertado la indignación de la comunidad, se anunció que se presentará una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) en contra del presidente municipal de Colón, Manuel Montes Hernández, así como de Policías Municipales y servidores públicos.
La queja está relacionada con abuso de autoridad y detenciones injustificadas, Dicha acción será impulsada por Pablo González Loyola, dirigente de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto.
Los hechos se desprenden de una supuesta acción arbitraria llevada a cabo por las autoridades municipales, quienes, haciendo uso de maquinaria y acompañamiento policiaco, intentaron desalojar a los integrantes de la cooperativa Alameda Ajuchitlán, a pesar de que existió una suspensión de acción de desalojo emitida por el juez segundo de distrito.
Esta situación, que evidencia una violación al debido proceso, y que pone en entredicho el actuar de las autoridades en Colón.
Cabe recordar que el año pasado, los integrantes de la cooperativa y los ejidatarios de Ajuchitlán y El Rosario suscribieron una minuta con la autoridad estatal para trabajar en conjunto y crear condiciones de trabajo adecuadas para los habitantes de la zona. Sin embargo, ahora se denuncia que las autoridades municipales parecen favorecer los intereses de particulares, en este caso, constructores, para la comercialización y adquisición de terrenos considerados como área protegida.
En un intento por evitar la ejecución de cualquier acción penal en contra de los miembros de la cooperativa, se ha promovido un amparo el pasado jueves 25 de mayo. Este recurso legal busca garantizar la protección de los derechos de los cooperativistas de Alameda Ajuchitlán.
Familiares de los detenidos rechazan enfáticamente las sospechas de agresión contra los servidores públicos, tal y como lo señalan las autoridades. Según ellos, no se produjo ninguna agresión y considerando que se trata de una estrategia para criminalizar y reprimir su lucha por preservar el terreno de Ajuchitlán y El Rosario, que es propiedad federal y está catalogado como área protegida.
Es importante destacar que, hasta la fecha, cuatro integrantes de la cooperativa permanecerán detenidos desde el pasado miércoles por una supuesta falta administrativa de escándalo en vía pública, según comenta el dirigente de la organización social. Sin embargo, las autoridades alegaron que se trata de un delito mayor, acusando a los detenidos de agredir al jefe de gabinete, a quien supuestamente rociaron con gasolina con la intención de prenderle fuego.
Ante esta situación, se espera una pronta intervención de la #DDHQ para investigar y esclarecer los hechos, asegurando que se respeten los derechos humanos de todos los involucrados. La sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen transparencia y justicia en este caso, a fin de evitar que prevalezcan
