Agresores sexuales de las niñas, niños y adolescentes alcanzarán una pena de hasta siete años en la cárcel, luego de que en sesión de pleno de la LVIII Legislatura de Querétaro, los diputados aprobaron la iniciativa que reforma el Código Penal, para endurecer las penas por abuso deshonesto cometidos en contra de los menores de edad.
Las reformas son a los artículos 165 y 166, que van de los tres meses a tres años de prisión y de los dos a los siete años de prisión. Para que ahora sean de dos a tres y de cuatro a siete años de prisión, respectivamente, con el único fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes.
Al hacer uso de la tribuna, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, Antonio Rangel mencionó que los abusos sexuales se presentan en el entorno más cercano de los pequeños.
“Construir un riguroso sistema penal que pueda acotar de alguna manera la actuación delictiva de estas personas que pretenden en algún momento dañar a los niños de Querétaro. Sin duda alguna hay un área de oportunidad enorme, las cifras que hasta el momento existen, dan evidencia que en su mayoría los abusos sexuales se dan en el entorno cercano de los niños, en la casa, escuelas”.
La presidenta de la Comisión de la Familia del Congreso, Leticia Mercado recordó que los diputados aprobaron su propuesta de exhorto al Ejecutivo, para que elabore un protocolo de prevención de agresión sexual en las instituciones educativas y hasta el momento no hay una respuesta.
“Sin embargo al día de hoy, sigue sin existir un protocolo para la intervención en casos de abuso sexual en las instituciones”, tras dejar en claro que sancionando no se resolverá esta problemática.
Asimismo, la diputada del PAN, Verónica Hernández señaló que con esta iniciativa, la violencia familiar tendrá que investigarse de oficio, es decir que cuando la autoridad tenga conocimiento de un caso de violencia intrafamiliar, deberá otorgar respaldo legal y apoyo psicológico.
Añadió que pesar de que México ha firmado y ratificado diferentes tratados internacionales que han sido base para la protección de los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, para vivir una vida libre de violencia, la violencia familiar es un problema que continúa lacerando a la sociedad.
Afirmó que este tipo de violencia generalmente se convierte en un círculo, del cual es muy difícil salir, máxime si las víctimas no cuentan con un respaldo.
Dijo que muchas veces la víctima se encuentra sometida no solo físicamente, sino psicológicamente a su agresor, quien a través de amenazas amedrenta a la persona afectada, de tal modo que ésta prefiere retirar la denuncia o en el peor de los casos, ni siquiera se atreve a dar parte a las autoridades.
Dijo que no se debe pasar por alto que las víctimas de este delito también pueden ser menores de edad y que son ellos quienes se encuentran más indefensos ante su agresor, lo que dificulta más su acercamiento con la autoridad.
“Con esta iniciativa se busca que sea la obligación de la autoridad investigar la comisión de este delito, a fin de identificar el grado de violencia que sufre al interior de ese núcleo, con el objetivo de ayudar a la reintegración de la familia afectada, brindar la máxima protección a las víctimas y en el caso extremo, castigar al agresor”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información, Isabel Aguilar añadió que en el país, el 50% de la población femenina enfrenta situaciones de violencia intrafamiliar y según estudios, los niños que viven en esa problemática, son más propensos a ser víctimas de abuso sexual y suicidio.
