¡AH BÁRBARO OFRECIÓ 12 MIL VOTOS! ALFIL

TRAS LA VERDAD

Héctor Parra Rodríguez

 Cuando todos pensaban que en nuestra moderna democracia había sido sepultado aquel famoso “voto corporativo” tan criticado en contra de la CTM en tiempos de Don Fidel Velázquez que ofrecía a los candidatos a la Presidencia de la República millones de votos, resulta que la FTEQ, queretana ¡Comprometió 12 mil votos a Francisco Domínguez!

 Seguramente Ignacio Aguilar Cabrera, quien se ostenta como Secretario General de este gremio sindical, ignora la existencia de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, mucho menos cuáles son los delitos electorales. Vivimos nuevos tiempos y nadie puede comprometer votos corporativos, va incluso en contra de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que corresponde la secrecía del voto.

 Para muestra del delito que comete este líder, bien puede aplicarse el Artículo 7 de la Ley que dice: “Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:” “VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;” ¿Confusa la redacción? No.

 La redacción de esta fracción es clara y precisa. No es vaga ni admite interpretaciones distintas. Ignacio Aguilar Cabrera, como dirigente sindical tiene nombres, apellidos, domicilios y demás datos de todos los agremiados a la FTEQ. Por lo tanto, según el ofrecimiento público que hizo –ni con acta notariada se salva- al candidato Francisco Domínguez, de “obsequiar” 12 mil votos, está ordenando a todos esos agremiados a que voten en el único sentido que él aseguró: por el candidato del PAN. Y así hubiera sido a favor de otro candidato, el resultado es el mismo.

 Acorde con la confesión de Ignacio Aguilar Cabrera, en automático dejó de ser secreto el voto de esos 12 mil ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Padrón Electoral; y esa declaración es una evidente confesión de violación a la Constitución y a la fracción del artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

 Entiendo que son tiempos de oportunidad –y oportunistas- para pretender quedar bien con aquellos que probablemente tengan la posibilidad de ganar las elecciones del 7 de junio. Esas oportunidades no las desaprovechan personas como Ignacio Aguilar. Pero hoy vivimos tiempos distintos y los mismos políticos, metidos de legisladores, han acotado esos vicios por medio de delitos, para evitar, entre otros, que subordinados o sindicalizados sean objeto de intercambio de favores en periodo electoral.

 De tal suerte que tanto unos como otros deben extremar precauciones en el contenido de sus discursos, sobre todo ahora que se quejan e impugnan todo los partidos políticos. Son tiempos nuevos y a ellos deben acogerse los protagonistas, ceñirse al marco legal para no caer en conductas irregulares o delictivas, de las cuales después tengan que arrepentirse.

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