Luego de que Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, diera a conocer a la sociedad en general, la decisión de cancelar la concesión del Parquímetros y Sistema de bicis compartidas, debido a retrasos en la ejecución del proyecto, ahora los diputados queretanos emanados de PRI, solicitarán que se revoque la concesión de revocación de basura autorizada por el cabildo capitalino.
“Lo que sigue desde el punto de vista del PRI y de los diputados del PRI, es pedirle a la administración municipal de Querétaro, que con el mismo criterio revise las clausulas y concesiones que se adquirieron y que también se están violentando, particularmente la que tienen que ver con la recolección y depósito de residuos sólidos de basura, nosotros podemos comprobar que no se están cumpliendo los puntos que obedecen en la concesión, señaló Mauricio Ortiz Proal, Coordinador de los diputados en el Congreso local.
Ortiz Proal, detalló que actualmente hay 400 colonias en Querétaro en donde la Saura se recogía todos los días y ahora se recoge cada tercer día, lo que representa un foco de infección, y representa un incumplimiento de los servicios ofrecidos por parte de la empresa ganadora.
A pesar de que el alcalde capitalino dejó en claro que la decisión tomada de la cancelación de la concesión a la empresa Aquiles Park, no atendió a presiones de grupos minoritarios, el legislador priista señaló que de no haberlo hecho el costo político para su administración pudo haber sido muy alto.
Se toma una medida adecuada, yo quiero reconocer primer a los ciudadanos que ejercieron una política de presión permanente, para que la autoridad se diera cuenta que la instalación de parquímetros iba a resultar en un despropósito, sobre todo a la gente que de manera cotidiana viene al primer cuadro del centro histórico, hay que reconocer a los comerciantes y habitantes del centro histórico que se hicieron sentir, desde mi punto de vista esto obedece a un cálculo político”.
El diputado queretano, puntualizó que cancelar la concesión a la empresa antes mencionada, representara un costo económico para la autoridad municipal, mismo que los ciudadanos tendrán que pagar de sus impuestos, ya que ya se habían instalado algunos equipos e infraestructura, reiteró es preferible pagar dicha indemnización a que la ciudadanía enfrente problemas económicos por una mala decisión.
“A mí no me queda duda que van a entrar a un litigio largo y es probable que en esta administración no se geste el cobro de alguna indemnización pero de va a tener un costo político lo va a tener”, concluyó.
