TRAS LA VERDAD
En conferencia de prensa, en presencia del “aparato que porta la nueva tecnología en intervención de comunicaciones telefónicas”, se dio a conocer la existencia de una camioneta de costo millonario –dijeron- con equipo de punta, modelo 2011, ubicada en los patios de la Procuraduría General de Justicia del Estado.La noticia “amarillista” se prestó para el “oportunismo” mediático sin antes saber –al parecer- nada de los antecedentes del moderno -2011- equipo que, al parecer no hay antecedentes de su existencia, ni de la bitácora, ni nada de nada. No saben nada del origen ni para qué se utilizaba.
La tecnología los rebasó. Hoy día la propia ley en materia penal prevé, previa autorización judicial, las intervenciones telefónicas; por lo tanto se hace necesario contar con la tecnología para procurar justicia, vamos para investigar. Los secuestros, extorsiones y negociaciones, se realizan regularmente por medio de teléfonos celulares ¿Cómo saber entonces sobre la investigación de llamadas telefónicas? ¡Inconcebible!
Ahora que, el origen del bien adquirido debe estar en los expedientes de la Oficialía Mayor y de la ESFE, no en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Que, si el bien fue adquirido desde el 2011, entonces ya no es tan moderno, ni la tecnología de punta como se ha informado. Y si, como se dice, es equipo israelí, debió cumplir con los permisos de importación. Toda la información documental está en la Oficialía Mayor, responsable del resguardo de los bienes propiedad del gobierno del Estado.
¿Qué la bitácora de uso del sistema de rastreo de llamadas? Si se trata de órdenes de autoridad jurisdiccional, por supuesto que no deberá quedar rastro, el trabajo se realiza por la investigación que se ordene, se entregan las pruebas o evidencias tanto a la autoridad ministerial como a la autoridad judicial y estas son las que procesan la información correspondiente. No pueden quedar rastros en una bitácora de la persecución de los delitos ni de los delincuentes es –además- riesgoso conservar esas evidencias, máxime en tratándose de la delincuencia organizada ¡Y no hay norma jurídica que así lo establezca!
El Estado tiene la obligación de contar con la tecnología de punta para eso y más, no puede quedarse rezagado ante la ola delincuencial; por el contrario debe llevar la delantera y anticiparse, no ser autoridad reactiva, más bien preventiva. Por eso llama la atención el “amarillismo o ignorancia” con que ha sido tratado el tema.
Lo interesante sería -solo especulaciones- conocer y demostrar si el equipo de intervención o investigación telefónica fue utilizado para otros fines diferentes a los permitidos por la propia ley ¿Recuerdan las intervenciones de llamadas en tiempos de campañas y difundidas en medios de comunicación? Bueno, podría tratarse de esta clase de intervenciones para uso político. Eso sí sería grave y sancionable. El exsecretario de gobierno, Jorge López, fue evidenciado, tal vez, solo tal vez, para no ser él, el culpable y si el vigilado; o entre ellos mismos se “espiaban”. Eso es pues reprochable jurídicamente.
Lo importante, en principio, que el equipo lo dejaron en la Procuraduría y es propiedad del gobierno el Estado. No se lo robaron, ahí está. Y nada de venderlo, claro solo en caso de no estar en servicio y descompuesto Ahora bien ¿Venderlo? ¿A quién? Solo a otro gobierno interesado en tener un buen sistema de investigación para la procuración de una mejor justicia.
Así las cosas, podríamos agregar que las autoridades están dentro los plazos establecidos para la legal entrega recepción y deberán agotarse puntualmente. De existir irregularidades, dar vista a quien corresponda para iniciar los procedimientos correspondientes; si es de naturaleza penal, entonces la misma Procuraduría iniciaría las investigaciones. Y por supuesto, si la unidad fue adquirida desde el año 2011, ingresó en las cuentas públicas; esas ya fueron aprobadas por la ESFE y la Legislatura del Estado. De tal manera que estamos en presencia, en estos momentos, de información “amarillista”; esperando no sea utilizada con oportunismo político.
Entendamos que el “aparato descubierto” es una herramienta útil en la investigación y procuración de justicia. El gobierno debe estar a la vanguardia en esta materia, sobre todo ahora que se ha reconocido la existencia de la delincuencia organizada en Querétaro. Coadyuvemos entonces a mejorar la procuración de justicia. Ahora que, si no sirve, que no es lo mismo ser de utilidad, que se enajene a otro gobierno que si le dé utilidad.
Héctor Parra Rodríguez
