TRAS LA VERDAD
En franca desesperación el presidente López Obrador lanza la mayor cantidad de distractores para que pronto se olviden de los abusos y corruptelas de su Fiscal. Y la SCJN, después del duro colpe que le asestó al hombre de su confianza, le compensa y ayuda a destrabar los juicios de amparo que habían concedido suspensiones en favor de los quejosos, en las obras destructoras de las vías del tren Maya ¿Coincidencia?
A la par el presidente lanza una campaña para defender su proyecto de tren basada en mentiras, como es costumbre del titular del Poder ejecutivo. Esta vez contratando a supuestos ecologistas y originarios de la zona de devastación, quienes defienden el proyecto en ejecución, a pesar de las evidencias del ecocidio que están cometiendo en la selva lacandona, utilizando para ello las redes sociales.
Un Tribunal Colegiado de Circuito en materia de Trabajo y Administrativa, resarce el favor a López Obrador, revocando las suspensiones que evitaban mayor destrucción, le abrió la puerta para que continúe con la destrucción, devastación de flora y fauna bajo el amparo de la autoridad judicial federal. Otro cómplice de los abusos de López Obrador.
Por si no fuese suficiente, AMLO lanzó a elementos del Ejército Mexicano, para que “apoyen” la construcción de la infraestructura que servirá de vía al tren. Presencia militar que será en calidad de amenaza, intimidación, represión psicológica del uso de la fuerza castrense en contra de aquellos que se opongan a la devastación y ecocidio. Intentando mimetizar la obra de “seguridad nacional”.
Luego, las frustradas huestes de la furia de Morena, dado el impacto que generaron artistas, actores y cantantes quejándose y denunciando los destrozos que está cometiendo el gobierno de la 4T en la zona en comento, resulta que denunciaron penalmente al actor y comediante Eugenio Derbez. quien, junto con el elenco de la mejor película “CODA”, lograron un Oscar ¿Dará trámite el Fiscal a la aberrante denuncia?
La intimidación, amenaza y salvajismo, como método para acallar a quienes se oponen a las políticas corruptas del gobierno federal. Las consecuencias de estos abusos de intimidación resultarán negativas para el abusivo gobierno y sus delincuentes, en tratándose de una simple queja, más cuando el denunciado forma parte del triunfo que logró un Oscar.
La misma amenaza hicieron (más diputados) con algunos consejeros del INE. Intimidarlos con denuncias penales y juicios políticos para doblegarlos. Por eso la actuación del Fiscal General de la República, quien utilizó métodos semejantes para doblegar y humillar a sus enemigos, aunque esta vez perdió bajo la fuerte presión social y mediática. Son prácticas añejas y caducas que fueron probadas como mecanismos de “convencimiento” y hoy las utiliza el gobierno federal: la presión de ir a la cárcel acusados de cualquier delito.
La desesperación del presidente López Obrador, ha hecho que presiones a empresas generadoras de energías limpias, para que acepten la reforma constitucional, bajo la amenaza de rescindir los contratos con el gobierno si no aceptan las nuevas reglas, en las que AMLO quiere quedarse con el control de la generación y apropiarse de los bienes privados que se atrevieron a invertir en México. No solo descalifica a los empresarios, les llama corruptos sin probar nada, la calumnia y difamación como arma política por medio de la presidencia de la República. Los enemigos que golpea no son cualquier ciudadano indefenso.
Una vez más John Kerry, enviado personal del presidente estadounidense Joe Biden, junto con el embajador Ken Salazar y 20 empresarios norteamericanos de la industria eléctrica, se reunieron ayer con AMLO para manifestar “diplomáticamente” su inconformidad con la iniciativa confiscatoria de reforma eléctrica. El tema de la inconformidad quedó en la mesa de trabajo.
En el mismo marco de desesperación y métodos intimidatorios, el presidente López Obrador, lanza líneas generales de los abusos que contendrá la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que presentará después de su consulta de “ratificación”; iniciativa que lleva la consigna de destruir todo el andamiaje constitucional que se basa en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El presidente pretende erradicar el profesionalismo de las funciones electorales a cargo del Estado, por medio del Instituto Nacional Electoral, para convertirlo en apéndice del Poder Ejecutivo federal, bajo el supuesto hipotético risible de que, los funcionarios serán electos “por el pueblo”.
AMLO sabe que está en riesgo de perder el control del gobierno federal en las elecciones del 2024. Por esa razón la pretensión de crear un organismo a modo que dependa del poder gubernamental y deje de ser ciudadano.
El presidente pretende destruir el órgano autónomo del Estado más prestigiado, dada su trayectoria profesional de más de 30 años desde su creación; tiempo durante el cual se fue perfeccionando, consolidando y ganando la confianza ciudadana. Lo mismo pretende con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ¡Al diablo con sus instituciones! Se hace patente. Frase de AMLO cuando perdió una de tantas elecciones.
Desesperación del presidente López al borde de la psicopatía. También va por la federalización de las funciones electorales y destruir los institutos electorales de los Estado, conocidos como Oples. La maquiavélica idea, que el organismo federalizado que cree, en lo sucesivo se haga cargo de las elecciones municipales, delegacionales y estatales. Atropellando la soberanía de los Estados. La razón de peso, ahorrar dinero.
El tiempo apremia para AMLO, le restan 31 meses para dejar el poder de la Presidencia de la República. Urge apresurar sus cambios.
Lo bueno y lo malo (para el presidente) de todo ello, que López Obrador, carece de los votos suficientes en ambas Cámaras legislativas, para cumplir sus atropellos en materia de reformas a la Constitución y lo que se acumule. El tiempo es su peor enemigo, por eso apresura el paso, pretender consolidad sus aberraciones, destruir la democracia en México, que conlleva cancelar derechos humanos con el apoyo del personal del Ejército Mexicano, cómplice de sus atracos.
¿Serán capaces los militares de prestarse al juego sucio? Al menos ya son cómplices de la corrupción, lo demás también es asequible.
Héctor Parra Rodríguez
