TRAS LA VERDAD
Ahora sí Andrés Manuel López, el candidato presidencial de Morena, dejó atónitos a propios y extraños, al manifestar que él podría amnistiar a los delincuentes, para pacificar a la nación, dada la equivocación del gobierno al pretender erradicar la violencia con violencia. De ahí que no puede hacer a un lado ninguna posibilidad de solución del problema de la delincuencia en México, que analizará esa posibilidad.
Hasta ahora no se ha escuchado ninguna voz –ni los de la extrema- que respalde la propuesta de Amlo para amnistiar a todos los delincuentes; desde Mancera hasta Anaya, se oponen rotundamente, con distintos argumentos, pero todos en contra. Resulta curiosa la propuesta de Amlo, cuando precisamente la semana pasada la Legislatura Federal, aprobó la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. La atención política y social se plantó sobre la propuesta del morenista, dejando a un lado la Minuta proyecto de Decreto que ya se encuentra en manos del Senado de la República, para su estudio y en su caso aprobación. En este sentido, Amlo ha impuesto una vez más la agenda política nacional, una vez más Amlo capta la atención, a pesar de lo impropio de su pretensión de amnistiar a los delincuentes, sí, a todos los criminales al no haber hecho distingo alguno, desde el raterillo hasta el homicida, pasando por los grupos de la delincuencia organizada, precisamente, dice Amlo, para pacificarlos ¿Alguien en sus cabales puede pensar que la amnistía eliminaría a los criminales? ¡Por supuesto que no! El espíritu delincuencial yace en algunas personas como si se tratara de la teoría de Cesar Lombroso. Hay quienes delinquen por simple gusto, otros por poder, muchos más por enfermedad como el cleptómano, que decir de aquellos que sin el menor esfuerzo se transforman de pobres a ricos por medio de sus tropelías.
Esta gama de desadaptados sociales son los que, en un mismo costal, pretende meterlos Amlo y pacificarlos al unísono como por arte de magia, echando al olvido los delitos que cometieron, sin importar si fueron homicidas, violadores, huachicoleros, narcotraficantes, extorsionadores, etcétera. La pretensión es pacificarlos. De ello se puede desprender –idea loca- que la Ley de Seguridad Interior ya no sería necesaria, pues al dejar de existir en el territorio nacional la delincuencia, tendríamos el país más pacífico del mundo; sería entonces inocua esa Ley y seguramente muchas otras más. Desaparecería el fenómeno social que aqueja a todos los países, unos con mayor o menor grado, pero los hechos delictivos ahí están. Los Centros de Reinserción Social dejarían de ser necesarios, dado que la amnistía también tendría que contemplar a los sentenciados y procesados, beneficiaría no solo a quienes se encuentran sustraídos de la acción de la justicia, también a este otro grueso grupo de delincuentes en los que el Estado, eroga enormes cantidades de dinero para resocializarlos y regresarlos o reinsertarlos socialmente útiles a la sociedad ¡El primer país sin delincuentes!
Ahora que, estas propuestas si bien atraen la atención generalizada y Amlo genera la agenda política, lo cierto que ya en plena campaña político-electoral lo único que logra el promotor de las descabelladas ideas es su propio desgaste y falta de credibilidad; hay quienes piensan que puede estar desequilibrado mentalmente con la expresión de “simples” ideas que lastiman a la sociedad al pretender perdonar a la familia delincuencial de más de medio millón de criminales y otros tantos que están recluidos en las distintas cárceles de México. La oposición a Amlo, feliz por las ideas inviables que ofenden a la sociedad mexicana. Y no importa que imponga agenda política. Lo cierto que la Minuta proyecto de Ley de Seguridad Interior, seguirá su curso legislativo hasta ser sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo, a efecto de que entre en vigor y se logre poner orden legal en la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en lo sucesivo, de seguridad interior en tratándose de estas actividades encargadas de manera específica a las fuerzas federales, el ejército y armada; al igual que los elementos humanos que participen en esas actividades, cuentes con la protección legal que les garantice seguridad jurídica, hasta hoy desprotegidos.
La Ley contempla tres principios fundamentales que muchos pretenden ignorar y tergiversar. Uno, el respeto irrestricto a los derechos humanos y demás garantías. Segundo, la no represión a las manifestaciones sociales y políticas que pacíficamente se desarrollen; estas se seguirán realizando en cumplimiento al desarrollo natural de los derechos humanos contemplados en la misma Constitución federal. Y, tercero, que, en lo sucesivo, todas las intervenciones se lleven a cabo por órdenes debidamente fundadas y motivadas, por escrito, previa petición de las autoridades estatales; que se rinda informe de las actividades y resultados a Gobernación y esta a su vez a la Comisión Bicameral. Así las cosas, se espera que en los próximos días los senadores la aprueben y con ese instrumento jurídico que llene el vacío legal hasta ahora existente en materia de coadyuvancia de las fuerzas federales a las 32 entidades federativas, en materia de seguridad pública. Esta ley también nos alcanza a precisar que el problema de la inseguridad no es exclusivamente materia federal como lo hacen creer personajes como Ricardo Anaya, quien echa culpas al gobierno federal cuando ellos –los panistas- gobiernan casi la mitad del territorio nacional, prefiere eludir cobardemente su responsabilidad en la gobernanza panista; y no es así, también son corresponsables con sus 11 gobernadores y cientos de presidencias municipales que administran y están obligados a brindar seguridad pública; y los del PRD otro tanto, pero Alejandra Barrales, prefiere ignorar el problema al no atender cabalmente la seguridad en los territorios que gobiernan, menos ahora que la sala Superior del TEPJF le ordenó dejar la presidencia nacional del PRD.
