Ante diputados locales, Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno de Querétaro detalló que para el adecuado funcionamiento del nuevo sistema de justicia adversarial, se requiere conceptualizar la seguridad como un derecho de las queretanas y los queretanos, lo que implicaría el diseño de la prevención social de la violencia y la delincuencia.
“Poner en la norma constitucional la seguridad y la justicia, será el primer acto de la verdadera implementación de la justicia acusatoria oral y con el siguiente paquete de normas se le dará sustento normativo y garantía a los ciudadanos, de que sus derechos en materia de seguridad y justicia, estarán plenamente garantizados”.
Señaló que la nueva administración recibió la implementación de los juicios orales con un 35% y falta la zona metropolitana, que significa el 65% de la incidencia delictiva de la problemática de administración y procuración de justicia.
Aseveró que en el sistema acusatorio, debe persistir un enfoque restaurativo, es decir, no esperar a que el juez imponga una sanción, sino que existen procedimientos para que a la víctima, se le repare el daño y en segundo lugar, la sanción del incumplido.
Lamentó que la capacitación por la pasada administración fue exagerada y no al personal necesario, además de que la operación fue deficiente, por lo que propone con el proyecto llamado “Cosmos”.
“Unificar la tecnología, cambiar la perspectiva del tema de que la justicia acusatoria son salas de juicio, jueces, litigantes en debate y un público escuchando, la justicia oral es eso pero muchísimo más. Importante no tener separado el sistema de justicia del sistema de seguridad, distintos pero asociados y complementados y se quiere realizar una implementación funcional, se tiene que pensar desde la comunidad, cómo construir una cultura que se llama justicia restaurativa”.
Agregó que la autoridad trabajará en los medios alternativos de resolución de conflictos, a fin de lograr una justicia comunitaria que permita un nuevo enfoque de lo que es resolver un conflicto y una controversia.
“El conflicto es informal, se puede y debe realizar con instancias de apoyo a nivel municipal, cuando ese conflicto se formaliza en términos de las instituciones y legislación ya tenemos una controversia. No habrá implementación hasta que la sociedad no acepte y no practique el nuevo sistema de justicia oral. Un sistema de prevención del delito integrado, funcional. Integrar los sistemas de justicia y seguridad funcionalmente en un ambiente en donde también se ponga atención al tema de reinserción penal, la tecnología y capacitación policial”.
Recordó que se instaló la Comisión Interinstitucional para Implementación y Evaluación del Sistema de Justicia Penal y, en próximos días presentarán reformas pues advirtió que si no se rediseña, hay riesgo de una simulación.
“Con un grave riesgo de llegar incluso a ser una simulación, se tiene que enfrentar el reto y comienza con una reforma de orden constitucional”.
Explicó que el paquete de reformas incluye una Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Ley del Sistema de Reinserción; ley del Sistema de la Defensoría Pública y una serie de normas complementarias, que dan un total de 115 reformas.
Añadió que se crearía una Fiscalía del Estado, autónoma que sustituirá a la Procuraduría General de la República, además un Sistema Estatal de Víctimas que realce el registro de víctimas, con el reconocimiento como tales, así como un nuevo Código Penal.
Afirmó que para evitar engordar la burocracia, con el Consejo de Ética de la Práctica Profesional de la Abogacía, el estado garantizará la defensa pública.
“Esperaríamos venir en un plazo de un mes, de seis semanas para presentarles ya no el desarrollo conceptual, sino presentarles visiblemente ejemplos de operación, la espera está hasta el 30 de mayo”.
Concluyó el secretario de gobierno, frente a los diputados, integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LVIII Legislatura de Querétaro.
