La tarde de este domingo, en sesión de pleno, la LVIII Legislatura de Querétaro se aprobó la iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señaló el diputado Eric Salas, quien aseguró que el combate a la corrupción va enserio y las sanciones serán administrativas y penales.
“Lo que se pretende, es facilitar todo el procedimiento administrativo, jurídico, cuando aquel servidor púbico, haga mal uso de los recursos públicos, una iniciativa que está mandando el Ejecutivo y que concuerda con los principios que maneja este congreso”.
El legislador de Acción Nacional, puntualizó que con esta legislación, aquel ciudadano que utilice recurso a través de una prestación de servicio, obra, construcción, proyecto, o acción, que realice conjuntamente con la autoridad a administrativa, estatal y municipal, podrá ser sancionado, cuando con conocimiento de causa, lo haga conjuntamente con un servidor público.
“Va enserio, es que escuchen los ciudadanos, que esta legislatura está poniendo mano firme a través de este dictamen”.
Acerca de las sanciones, agregó que éstas van desde una amonestación, suspensión del empleo, cargo o comisión hasta por tres meses sin goce de sueldo, destitución del cargo, multa de uno hasta 180 días de sueldo base, inhabilitación para desempeñar cargos en el servicio público estatal y municipal.
“De uno a cinco a 10 años cuando las faltas cometidas por el servidor público afecte la hacienda pública de los poderes o de los ayuntamientos, según sea el caso, de cinco a 10 años si el monto de daño, causado a la hacienda exceda de 200 veces el valor de factor de cálculo, y de 10 a 20 años si dicho monto es mayor, reparación del daño, resarcir el dinero o en especie el menoscabo a la hacienda pública, más los accesorios correspondientes, considerando la gravedad”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la legislatura, María Antonieta Puebla resaltó que es necesario generar el andamiaje jurídico, para que los ciudadanos puedan prevenir, vigilar y sancionar a quienes se sirvan de la función pública.
“Gobierno que denuncia y no sanciona, es un cómplice, esta reforma busca combinar la rendición de cuentas, participación y uso de tecnología para luchar contra la corrupción, que es cáncer en todos los gobiernos, y presente en todos los colores. El día de hoy, cumplimos con la obligación que se nos demanda, el derecho a la información, entendida como una obligación, para todos aquellos sujetos obligados”.
