En la reciente 137ª sesión de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reafirmó el compromiso del gobierno de México en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos.
Dicho posicionamiento se da en un contexto nacional marcado por la violencia contra periodistas y activistas, quienes enfrentan riesgos constantes en el ejercicio de su labor.
Rodríguez subrayó el incremento en el número de personas incorporadas al Mecanismo de Protección desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“La evaluación del trabajo del Mecanismo es fundamental para consolidar la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas. Seguiremos abonando a la defensa de la libertad de expresión y al ejercicio de derechos,” enfatizó la secretaria, haciendo eco de las demandas de protección que desde hace años claman sectores vulnerables.
La sesión también abordó el caso del periodista Mauricio Solís, asesinado recientemente en Uruapan, Michoacán, una tragedia que ejemplifica el peligro al que se enfrentan los periodistas en México. La secretaria Rodríguez informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso y se comprometió a que no haya impunidad. No obstante, este compromiso surge como un recordatorio de la violencia persistente y las promesas aún incumplidas en el país, donde la justicia para estos crímenes parece llegar con cuentagotas.
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, destacó la coordinación entre autoridades federales y estatales para garantizar la protección de los defensores y periodistas. Sin embargo, organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recalcaron la urgencia de que estos compromisos no se queden en discursos, sino que se traduzcan en acciones efectivas.
Si bien el Mecanismo de Protección representa una herramienta crucial, su eficacia es puesta en duda cada vez que se registra un nuevo ataque o asesinato. La promesa de Rosa Icela Rodríguez de mejorar la protección es una luz de esperanza para los defensores de derechos humanos y periodistas; no obstante, para muchos, este anuncio representa otra oportunidad para exigir cambios profundos y transparentes en un sistema que muchas veces se percibe insuficiente y reactivo en lugar de preventivo.
