En México no existe cobertura universal de salud tal como se estableció mediante la reforma a la Ley General de Salud de 2003. Hasta 2012 una de cada 5 personas en nuestro país estaba excluida del acceso a los servicios de salud, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Adicionalmente el sistema público de salud en México presenta un padecimiento crónico de inequidad que produce desigualdad de trato para quienes viven en situación de pobreza, especialmente para la población indígena y en zonas de alto rezago social.
Por ello y para avanzar en el objetivo de promover el ejercicio de derechos sociales, las organizaciones integrantes de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentan la campaña “Cero Listas de Espera”, enfocada a promover el acceso efectivo a la salud de toda la población, especialmente para quienes viven en condición de pobreza.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones civiles y grupos ciudadanos en todo el país, interesados en participar en este ejercicio de observación ciudadana para vigilar al menos 300 establecimientos de salud en al menos 25 de las 234 jurisdicciones de salud en todo el país, en al menos 17 entidades federativas, durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente año.
La actividad principal de esta campaña es la medición independiente de algunas variables básicas de acceso efectivo a la salud a través de una metodología probada y basada en “tarjetas de medición ciudadana” (conocidas internacionalmente como “citizen scorecards”). Este ejercicio de vigilancia, busca evidenciar rezagos y dilación que persisten en la atención en los servicios públicos de salud como el surtimiento incompleto de medicinas, la posposición de estudios médicos, tratamientos y cirugías que impiden que los derechohabientes tengan un acceso efectivo a la salud.
Entre 2004 y 2013 el gasto público en salud pasó de 231 mil a 524 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 58% en términos reales. De esta cifra, el principal incremento fue para la población sin seguridad social, al pasar de 75 mil a 232 mil millones, incremento equivalente al 114% en términos reales.
Sin embargo, el número de unidades de salud aumentó sólo 14%, el número de establecimientos con servicios de hospitalización en 23% y el número de camas de hospital sólo 13%. “Esto es como un padecimiento digestivo y circulatorio del sistema de salud, hay alimentación de recursos, pero no se digieren y no llegan a donde deben llegar”, mencionaron las organizaciones.