TRAS LA VERDAD
Este lunes se reunieron en los Pinos, tanto el Presidente de la República, como los sectores empresariales, sindical y de productores del campo, representados por sus dirigentes, con el propósito de firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, pidió al gobierno mexicano un acuerdo real y no uno improvisado, incompleto e insuficiente, que solo sirve como estrategia de comunicación e imagen pública.
Por ello la Coparmex no firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto. También dijo: “Coparmex ha sido reconocida en la sociedad como la “conciencia del sector privado; es esa conciencia precisamente la que hoy nos impide suscribir un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente”, expresó el sector patronal de nuestro país en un comunicado.
El citado organismo empresarial que enlistó siete puntos detrás de esa decisión. Estas son sus razones: “La situación económica y social actual exige sí un amplio acuerdo, un amplio consenso de todos los sectores sociales; México necesita estar más unido que nunca; Dicho consenso no se puede construir en 3 días; Urge un acuerdo sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no sólo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública; Cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances; El momento exige que todos los actores, todos, asuman compromisos concretos en beneficio del país; Particularmente, el Gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso”.
Habría que recordar que el pasado viernes 6 de enero, el gobierno propuso a los organismos empresariales agrupados en el CCE, suscribir un documento para presentarlo el lunes 9 de enero como el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, a semejanza con los Pactos de Solidaridad Económica promovidos por Miguel de la Madrid, también en tiempos de crisis, durante el gobierno 1982-1988.
Por ello el fin de semana estuvieron discutiendo la estructura y contenido del documento, pero la propuesta final con el texto fue entregada por el Gobierno Federal a las 11:00 horas de este lunes 9 de enero, dos horas antes de su firma pública”, lo que no agradó al sector empresarial. Y la posición de Coparmex era difundida mientras Enrique Peña Nieto firmaba el acuerdo con dirigentes empresariales, sindicales y secretarios de estado en Los Pinos.
Se dice que no todos estuvieron de acuerdo en la firma del documento, como suele suceder en estos casos, por ello habría que recordar en otros tiempos, de ahí la postura de los empresarios que no quisieron sujetarse a compromisos que los obligaba –a medias- a no subir precios de precios en productos y servicios.
En el contenido del documento se pretendía “cinchar” a la Comparmex, lo cual por supuesto no les pareció. Aquí la redacción que no les agradó. “El sector empresarial a través de sus organizaciones asume el compromiso de coadyuvar a que no se incurra en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en el caso de los productos que forman parte de la canasta básica”.
Independientemente de los argumentos –no les falta razón- que han expuesto como impedimento a la firma del Acuerdo, bien saben los empresarios que no están dispuestos a perder en sus negocios después de las alzas en los precios de las gasolinas –a causa del doble impuesto- dado que, como empresarios, su política es el lucro, la ganancia y no pretenden reducirlas o, peor aún, no quieren perder por culpa del gobierno; aunque el negocio de las gasolinas será coronado por ese sector, el empresarial. Por eso no aceptaron el “cincho”.
Conclusión, la sociedad en general está de acuerdo en que el gobierno federal -quien administra los recursos públicos- debe estar obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso, adelgazar el aparato burocrático e incluir a los otros dos Poderes, el Legislativo y el Judicial que quedaron excluidos del Acuerdo. De lo contrario empresarios y sociedad lastimada -quienes cargan con el peso de la crisis- se resisten a colaborar.
