Dicho convenio es extensivo a todo el personal, anteponiendo los derechos humanos.
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, firmó un convenio de colaboración con la Defensoría de los Derechos Humanos, con el objetivo desarrollar estrategias y acciones conjuntas para la vinculación institucional sobre aspectos académicos, legales y administrativos, que fortalezcan sus atribuciones.
Cada uno de los funcionarios y servidores públicos de la administración, tiene claro el compromiso con la ciudadanía, que es velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos, así como garantizar un trato digno para los habitantes, destacó el edil.
Con este convenio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro se compromete a brindar capacitación en la materia, al personal del municipio de Corregidora encargado de investigar y determinar la responsabilidad administrativa de sus servidores públicos.
“Un compromiso de este gobierno es la atención ciudadana, siempre en el marco de la ley, estoy seguro que con su acompañamiento vamos a dar grandes resultados a los ciudadanos, de este tamaño es nuestra responsabilidad”, señaló el alcalde.
Dicho convenio incluye también colaborar en los cursos, asesorías, ponencias y conferencias que desarrolle el municipio y hacer del conocimiento al municipio, las quejas que se presenten contra servidores públicos de este, para su atención, en términos de la ley.
En este sentido el alcalde agradeció a la presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, por la voluntad de signar el documento, del cual reconoció es ejemplo de la voluntad de su gobierno por hacer las cosas bien.
Por su parte, el municipio de Corregidora quedó comprometido a realizar exposiciones dirigidas al personal adscrito a la DDHQ sobre el modelo del Programa Estratégico Anticorrupción, así como colaborar en los cursos, asesorías, ponencias, conferencias que realice la Defensoría.
Finalmente, también se compromete el municipio a mantener actualizada y difundir a la Defensoría la información sobre las funciones que tienen las áreas encargadas de investigar y determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, a través de pláticas sobre el combate a la corrupción y el fomento de la ética pública.
