Diputada propone tipificar como delito el robo de identidad y sanciones hasta seis años de prisión

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, Isabel Aguilar afirmó que presentó dos iniciativas, una de éstas para tipificar como delito el robo de identidad de dos a seis años de prisión.

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La legisladora del PRI aseveró que la iniciativa es para adicionar el capítulo III denominado Usurpación de Identidad, con los artículos 157 bis y 157 ter, al título quinto que regula los delitos contra la paz y seguridad de las personas, del Código Penal del estado.

“La usurpación de identidad se traduce cuando una persona adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona física o jurídica de forma no autorizada, con fines ilícitos o de lucro”.

Refirió que el robo de identidad causa serios problemas económicos, y afecta la reputación de la víctima, por lo cual la iniciativa incluye una reparación del daño.

“El robo de identidad no se limita únicamente a problemas financieros, sino que puede tener un alto costo tanto en el aspecto personal y sentimental de la víctima, debido a que puede dejar una sensación de violación a la vida privada”.

Informó que al año, cerca de 400 mil personas son víctimas de robo de identidad a nivel nacional, según la Condusef.

Destacó que la propuesta es para que cualquier robo de identidad con fines de cometer delitos, lucro, o que genere daño patrimonial o moral, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y de 200 a 500 días de multa.

En otro orden, puntualizó que presentó otra iniciativa para reformar el artículo segundo de la Constitución, a fin de incorporar el principio pro persona, como un rector en la observancia, tutela y defensa de los derechos humanos.

“Con el tema de armonizar de acuerdo a la reforma constitucional de 2011, queremos darle seguimiento con la ley local, entonces vamos a hacer un pequeño ajustito al artículo segundo que tiene que ver con el principio pro persona”.

El principio pro persona consiste en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos.

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