El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, Marco Antonio León Hernández señaló que las empresas que no estén de acuerdo, pueden invertir en otro lado y entregas las concesiones, luego del paro del transporte público que se presentó este miércoles.
“Son empresas que tienen concesión, no es una empresa común y corriente y la obligación de prestar el servicio es del estado, no es una empresa común y corriente, pueden irse e invertir en otro lado y tiene todo el derecho, aquí que regresen las concesiones si no es utilidad para los señores”.
Agregó que también, el gobierno está obligado, a retirar las concesiones por el paro del servicio.
“Es un servicio público, está obligado el estado a brindar, es más trascendente que el negocio de particulares, que la utilidad de particulares, si los particulares que tienen una concesión, no tienen la utilidad que ellos esperan, que por su puesto es legítima, lo que se debe hacer es entregar las concesiones porque si no el estado está obligado, con esos actos criminales que hicieron ayer, a revocar la concesión, o bien a llegar a la requisa”.
Indicó que el bien supremo tutelar, es la mayoría de ciudadanos que tuvieron problemas por el paro de ese servicio, debido a que se atentó contra su dignidad, derecho fundamental al trabajo o educación principalmente, así las afectaciones a la economía del estado, “al hacer que bajará la producción de muchos centros de prestación de servicios”.
Respecto al aumento de la tarifa, dejó en claro que no es viable un aumento a ocho o 10 pesos.
“El estado está obligado, entendemos que hay aumento de energéticos, de diésel, de gas, gasolina, en las refacciones, pero esto no es un ejercicio mercantil para hablar de un aumento de 8 a 10 pesos, no puede ser así”.
Enfatizó que el transporte, socialmente no es un ejercicio de mercadotecnia o mercado, no es un ejercicio de la Ley de Oferta y Demanda, sino que es la prestación de un servicio, obligación del estado.
“No podemos entrar en el ejercicio de brindar un servicio de 8 o 10 pesos, eso es inadmisible, como lo fue el hecho de ayer (miércoles). Tienen derecho de manifestar, pero no tienen derecho a atentar contra el estado, suspendiendo el servicio que prestan, ya que es causal para que se les revoque la concesión. Debe aplicarse el derecho, no debe haber titubeos, cuando no se aplica el derecho, cuando se expone la legalidad se expone la legitimidad”.
