“Frecuencias”
Existen expertos, cuyas obras, según el sitio y temas que manejan donde laboran muestran y desarrollan su verdadero “expertise”, muchas veces contaminado y por demás insidioso como el caso reciente que protagonizó el doctor en Derecho, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Prevención de los Delitos Electorales (Fepade) en contra de Arturo Escobar y Vega, ex dirigente nacional del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM),el cual desde el día 9 de septiembre pasado y hasta hace dos días se desempeñara el cargo de subsecretario para la Prevención del Delito y de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
A Escobar y Vega lo “chamaquearon”, ya que no pudo recibir a tiempo datos oportunos, ni de su misma área, ni tampoco de parte del Centro de Información en Seguridad Nacional (Cisen), de esa misma Secretaría de Estado, que reflejara el estado legal que le estaba preparando el titular de la Fepade y que se instrumentó en una orden de aprehensión en contra de aquel; todo ese entramado se diluyó y filtró a un par de medios (CNN Internacional, en su versión en español y a una reportera del periódico Reforma), a quienes Nieto Castillo les preparó esa exclusiva informativa. Sin haberlo realizado por la conducente y tradicional vía judicial, a través de una notificación, a efecto de que se presentara a declarar; o sea, a Escobar y Vega se la aplicaron casi como por consigna.
Por cierto, Santiago Nieto Castillo es hermano de la actual magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, la también doctora en Derecho Gabriela Nieto Castillo.
A Santiago Nieto se le está recriminando por su nulo sigilo y carencia de la secrecía y la ausencia de Ética, mediante la cual debe conducirse cualquier servidor público; consideramos que en este tema que ocupa nuestra atención, el proceso fue tendiente a desacreditar (¿más?) por el sólo hecho de girar una orden de aprehensión, exhibida previamente en dos medios informativos dando cuenta profusamente las razones jurídicas en contra del ex dirigente nacional del PVEM y que hasta hace un par de días fungiera como subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar y Vega.
Ahora bien, salta a la vista lo siguiente: ¿porqué Nieto Castillo no cuestionó desde el mismo día en que Escobar y Vega fue designado para el cargo de subsecretario de Gobernación?
Se conoce públicamente que la orden de aprehensión girada en contra del entonces servidor público se relaciona con los casos derivados de las elecciones del presente año. Eso afecta al PVEM, considerado como fiel aliado permanente del PRI.
Las fuerzas políticas del PAN, PRD y Morena coinciden en que el Verde Ecologista tiene que desaparecer del mapa político y quitarles su registro como Partido Político. De concretarse esto último, el PRI y el Partido Nueva Alianza (Panal) contarían con menos votos en San Lázaro, sobre todo en el trayecto hacia las elecciones federales del 2018, que si bien aún son tres años los que restan, éstos transcurren, con los vaivenes económicos y las recurrentes fluctuaciones de las finanzas públicas mexicanas.
¿A poco no ?
Adicionalmente, podrían presentarse una vez más -para enturbiar más el farragoso camino hacia la democracia representativa- de eventos políticos y electorales (léanse, a efectuarse el año próximo) en el que estarán en juego importantes gubernaturas; todo ello abonará a la espiral creciente de la polarización de fuerzas acompañado de los consiguientes desgastes políticos. En la que probablemente se podrían presentar muchas y aberrantes descalificaciones entre las organizaciones políticas; y que no abonan nada al desarrollo armónico de las contiendas electorales, donde los contendientes no muestran verdaderas y específicas propuestas.
¿Y la gente común? Pues como el chinito, “nomás milando”.
Todo ese entuerto legal se deriva, según lo consigna la averiguación previa de la Fepade, “por presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político y empresarios, por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la propia LGMDE, así como por el diverso contemplado en el artículo 7, fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa, el Instituto Nacional ELectoral (INE)”.
Recordemos que Arturo Escobar y Vega fue multado en varias ocasiones por el INE, por concertar irregularidades y faltas a las Normas Electorales; ese embrollo se concretó en más de $500 millones de pesos mexicanos en multas.
Pero, !Ups!, acordémonos que nos encontramos en el país,donde lo menos que funciona bien es la justicia. No descartemos que ese “escabroso” trámite judicial quede sin efecto y lo reposen en el “archivo muerto”, o en el menor de los casos, procedan al “recurso de alzada”, según lo conocen muy bien los amigos y legos en materia legal.
@Jroldana
