Las investigaciones hechas por el gobierno del estado, a través de la Secretaría de la Contraloría, indicaron que fue una falla de la empresa de seguridad lo que derivó en los hechos de violencia ocurridos el pasado 5 de marzo en el estadio Corregidora, en el partido entre Gallos Blancos y Atlas, indicó el titular de la contraloría, Oscar García González.
Afirmó que la empresa de seguridad no tuvo un control adecuado de las puertas y la vigilancia de la seguridad privada; sin embargo, expuso que la Secretaría de la Contraloría no tiene facultades para sancionar a empresas que laboran en eventos privados.
En ese sentido, recordó que la investigación refiere que cuando las autoridades del gobierno del estado que se encontraban al interior del estadio iniciaron su gestión para reportar lo sucedido con algunas personas dentro del recinto que ya estaban cometiendo actos de violencia.
Por eso, indicó que la respuesta de las autoridades, en este caso 4 servidores públicos, fue inmediata, pero insuficiente. Aunque no se determinó una responsabilidad de parte de los servidores públicos en el sentido de cómo detener la situación.
“Se llamaron a los cuerpos de seguridad, a las áreas de paramédicos, a las fuerzas de seguridad, para que detuvieran la situación, pero lo sucedido fue más una falla de la propia organización que de los servidores públicos”, expresó.
El funcionario recordó que, resultado de las investigaciones hechas y concluidas, se dio de baja a dos funcionarios que no cumplieron con su labor el día de los hechos, mismos que formaban parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“Nosotros advertimos que efectivamente su dicho de que si dieron aviso a las instancias de lo que estaba pasando se corroboró con todas las bitácoras de servicio”, expresó.
Los ex titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, y el ex secretario de seguridad ciudadana, Miguel Ángel Contreras, fueron destituidos de sus cargos luego de los hechos en el estadio, por aparentemente actos de omisión y pérdida de la línea de mando, pero no existe ninguna investigación en contraloría del estado en contra de ellos.
