La administración municipal de Corregidora, encabezada por el ex alcalde Antonio Zapata, ahora diputado local, pagó un millón 639 mil 251 pesos a medios de comunicación, sin comprobar o justificar los recursos ante la Entidad Superior de Fiscalización del estado (ESFE), además, se pagaron honorarios sin justificar, por la cantidad de 870 mil pesos y se detectaron obras de mala calidad.
Como parte de las 62 observaciones que realizó la ESFE, en el periodo del primero de enero al 30 de junio del 2014.
“En virtud de haber pagado injustificadamente honorarios por la cantidad de 870 mil pesos, por la revisión integral de los Acuerdos de Cabildo publicados en la Gaceta Municipal, del periodo del 1 de octubre de 2012 al 30 de junio de 2013, funciones que se equiparan a las competencias conferidas a la Secretaría del Ayuntamiento, particularmente de la Dirección de Asuntos de Cabildo”.
La ESFE detectó que se omitió incluir en toda la papelería, documentación oficial, publicidad y promoción del SUBSEMUN 2014 la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, recursos que se utilizan para la seguridad, por lo que se pudo utilizar el programa, con fines electorales.
No se especificó el monto por regidor y la temporalidad para su entrega de la asignación de recursos, de ocho millones 400 mil pesos, por concepto de prerrogativas a los regidores municipales.
“Así como haber omitido comprobar con documentos que reúnan requisitos fiscales la cantidad de dos millones 971 un mil 448 pesos, presentando importes alterados o modificados que suman un monto de 87 mil pesos, así como haber omitido informar trimestralmente al Ayuntamiento, sobre el ejercicio de los recursos recibidos por concepto de prerrogativas”.
Se pagaron 290 mil pesos por el Software “Herramienta de Seguimiento”, al proveedor Miguel García Contreras, con recursos del SUBSEMUN 2014, sin que se hubiera entregado en tiempo y forma el programa informático contratado.
“De la verificación física de su funcionamiento se constató que se trata de un software en desarrollo, que a la fecha de la auditoria no se ha implementado su uso, omitiéndose contar con la garantía de cumplimiento del contrato y contra defectos y vicios ocultos”, destalló la ESFE.
Se pagaron servicios por concepto de un “Programa de Investigación de Seguridad – Centro de Mando y Control”, que incluye el proyecto y documentación técnica para la implementación de un Centro de Comunicación y Monitoreo Urbano, por la cantidad de dos millones 552 mil pesos, y no se presentó un estudio técnico ni costo económico que representa esta obra.
La ESFE mencionó que en sesión ordinaria del 28 de noviembre de 2013, se aprobó la contratación de un empréstito hasta por 86 mil millones de pesos, en el cual se incluye la obra denominada “Edificio de Seguridad Pública”, por un monto de 20 millones de pesos, lo cual fue aprobado por la 57 Legislatura, el 10 de marzo de 2014, y al mismo tiempo, se enajenaron bienes inmuebles para la misma causa.
“Observándose la falta de justificación, motivación y fundamentación para enajenar bienes inmuebles propiedad municipal, valuados en 94 millones 529 mil 611 pesos, verificándose que en el periodo fiscalizado fueron enajenados dos de los inmuebles por un monto total de once millones cien mil pesos”.
También se presentó un deficiente control en la comprobación de la calidad de los materiales y ejecución de trabajos pagados por la cantidad de un millón 711 mil 821 pesos.
