Representantes de la Asociación Nacional del Reciclado y la Industria del Medio Ambiente AC, encabezados por Jorge Eduardo González sostuvieron una reunión con autoridades municipales de Querétaro en un intento por encontrar soluciones a la situación que enfrentan los negocios de reciclaje, conocidos como “chatarreras”.
El motivo de la reunión fue el reciente cierre de varios negocios dedicados al reciclaje en la región. Estos cierres ocurrieron como resultado de operativos realizados por la Fiscalía General del Estado y las áreas de Inspección de diversos municipios el pasado 15 de agosto.
Las investigaciones apuntaban a que estos negocios podrían estar involucrados en actividades ilícitas, como la compra-venta de cables de telefonía y electricidad de dudosa procedencia.
Durante la reunión, las autoridades municipales hicieron un llamado a los representantes de los negocios afectados para que regularicen sus trámites y se pongan al corriente con los requisitos necesarios para operar legalmente. Se enfatizó que cumplir con los procedimientos legales es fundamental para garantizar la integridad del sector y prevenir actividades delictivas.
Tras la reunión, se espera que los dueños de los negocios afectados iniciaran los trámites correspondientes para cumplir con los requisitos legales. Las autoridades han advertido que no expedirán licencias de funcionamiento a actividades que no se apegan a la ley o que están relacionadas con actividades ilegales.
Los resultados de los operativos realizados el 15 de agosto incluyeron un total de 25 cateos y 42 inspecciones administrativas en seis municipios. Estas acciones derivaron en la detención de una persona, el decomiso de más de 176 kilos de cable y el aseguramiento de un inmueble. Además, se suspendieron las operaciones de 12 negocios como parte de las sanciones impuestas.
En el caso del municipio de Querétaro, se llevaron a cabo revisiones y se suspendieron actividades específicas en 17 negocios más debido a la falta de cumplimiento con los requisitos mínimos para operar.
La situación sigue siendo objeto de atención por parte de las autoridades y los involucrados, en busca de un equilibrio entre las necesidades de los negocios afectados y el cumplimiento legal necesario para mantener la integridad en el sector del reciclaje y la industria ambiental.