Derivado de las quejas recurrentes que manifiestan habitantes de diferentes fraccionamientos ubicados en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, en el sentido de que la empresa a la que le compraron sus viviendas no les han cumplido con servicios elementales, tales como agua, luz o drenaje, o bien una infraestructura que permita vivir en condiciones adecuadas, Mauricio Ortiz Proal, Coordinador dela bancada del PRI en el Congreso Local, señaló como prioritario legislar en la materia de tal forma que se apliquen sanciones en contra de aquellos que afectan el patrimonio de las familias queretanas.
“Tenemos que revisar la legislación que regula el desarrollo urbano en el Estado de Querétaro, tratar de establecer, requisitos más estrictos, pero sobre todo culminar a las autoridades municipales, para que castiguen con severidad aquellos desarrolladores que tuvieran antecedentes no gratos, aquellos que incumplieron con los compromisos que adquirieron para tener un desarrollo terminado habrá que buscar dejarlos fuera de cualquier otro tipo de permisos”.
Señaló como preocupante las condiciones en las que se encuentran diferentes desarrollos habitacionales, que carecen de los servicios básicos antes mencionados, bajo el argumento que se encuentran en números rojos o bien en quiebra, algunos casos Homex y Casas Geo.
“Tenemos lamentablemente casos en los que el desarrollador, ya desapareció, o se encuentra tratando de estar en quiebra, hay que buscar que no tengan la posibilidad de seguir en el mercado, revisaremos la legislación para que hagamos un equipo y evitar ese tipio de fenómenos”.
En este sentido consideró que tanto la autoridad estatal, municipal e incluso el poder legislativo deben trabajar conjuntamente en generar un marco jurídico que permita, prevenir situaciones de incumplimiento y en caso de ser necesario aplicar sanciones correctivas.
“No podemos permitir que se le estén vendiendo viviendas a la gente, que eventualmente, tengan problemas que tengan que ver con el drenaje, con el agua potable, con el alumbrado público, con las condiciones en las que se encuentran las banquetas, las calles, y eventualmente se vuelven problemas sociales muy graves”.
Mientras se legisla en la materia, es facultad de la autoridad municipal aplicar las sanciones correctivas como clausuras de obras.
