El gobernador del estado, Francisco Domínguez, inauguró el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria y el edificio del Centro de Servicios de Justicia Penal el Estado De Querétaro
Durante la inauguración del instituto el mandatario refirió que hoy la seguridad y la justicia en Querétaro conforman un modelo sistémico que integra inteligencia, capacitación, tecnología e infraestructura.
“Este modelo conlleva una política que ubica en el centro de sus acciones el respeto a los Derechos Humanos de víctimas e imputados”.
Mencionó que el sistema penitenciario de Querétaro ha sido reconocido por tres años consecutivos como el mejor a nivel nacional en respeto a los Derechos Humanos.
Ello, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realiza anualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Les comparto que en pocas semanas recibiremos el máximo galardón que otorga la Asociación Americana de Prisiones (ACA); lograremos la certificación del 100% de instalaciones y centros penitenciarios a nivel estatal”
El Instituto del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria representó una inversión de 61.8 millones de pesos.
En este Centro de Capacitación y Profesionalización se formará a su cuerpo de seguridad y áreas técnicas bajo un modelo especializado, con instalaciones adecuadas para garantizar un alto nivel de formación inicial y continua.
“Al día de hoy el 100% del personal de seguridad ha cumplido su proceso de formación bajo el Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.
De igual manera, el mandatario estatal inauguró el edificio del Centro de Servicios de Justicia Penal el Estado De Querétaro, donde indicó se da un paso a la institucionalidad del sistema de justicia Cosmos, el cual cuenta con equipamiento para el acceso de justicia plena y derecho de víctimas e imputados, con infraestructura de vanguardia, obra que implicó una inversión de más de 60 millones de pesos.
Este edificio cuenta con cuatro tipos de sistema acusatorio, se brinda defensa púbica penal, atención judicial a víctimas, supervisión de medidas de restricción por orden judicial y espacios para que personas privadas de su libertad inicien proyectos productivos, entre otras áreas.
