La omisión de cuidados se castiga de 3 meses a 4 años de prisión.
En Querétaro, la omisión de cuidados se ha convertido en un problema alarmante, afectando la salud y el bienestar de muchos niños y adolescentes. Manuel Martínez Ramírez, Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), subraya la gravedad de esta situación, definida como el abandono por parte de quienes ejercen la patria potestad o custodia, exponiendo a los menores a situaciones de riesgo que pueden comprometer su salud.
La omisión de cuidados se manifiesta en diversas formas, desde la falta de atención médica hasta la negligencia en la alimentación y el cuidado general.
Los niños que son víctimas de esta situación suelen presentar cuadros de desnutrición, bajo peso, baja talla y caries, según los parámetros establecidos por la Secretaría de Salud.
Estas condiciones son detectadas principalmente a través de instituciones médicas como el IMSS, ISSSTE, el Hospital del Niño y La Mujer, y el HITO, en colaboración con personal médico y trabajadores sociales.
Los casos de omisión de cuidados son reportados a través de la Fiscalía General del Estado o mediante denuncias ciudadanas.
Las penas para quienes incurren en esta falta pueden variar de 3 meses a 4 años de prisión.
Actualmente, los niños afectados son canalizados al albergue Carmelita Ballesteros y al DIF Estatal, donde reciben la atención necesaria.
Martínez Ramírez destaca que en los últimos meses se han llevado a cabo jornadas en diversos hospitales para identificar y prevenir casos de omisión de cuidados.
“Hace dos meses y medio iniciamos unas jornadas en los hospitales, acudimos al IMSS, al ISSSTE, al Hospital del Niño y La Mujer y al HITO, porque hay familiares que obstaculizan o no cumplen con los tratamientos médicos”, explicó.
Para enfrentar esta problemática, se han implementado varias iniciativas preventivas. La “Escuela para Padres” es una de ellas, donde se educa a los padres sobre la responsabilidad penal y parental, y las posibles sanciones por incumplimiento. A partir de agosto, la Procuraduría lanzará un programa de procuraduría móvil que visitará escuelas para realizar acciones preventivas.
Otra iniciativa en curso es el programa “Fortalecimiento de Familias”, que brinda apoyo a padres canalizados por la Procuraduría, abordando temas institucionalizados y trabajando con un promedio de 150 familias en prevención de omisión de cuidados, abuso sexual y violencia familiar.
Las denuncias pueden realizarse a través de la página del Sistema Estatal DIF, al correo de la Procuraduría, o mediante los números de emergencia 911 y 089. Una vez recibida una denuncia, se verifica su veracidad y se canaliza a personal del DIF Estatal y/o Procuraduría para evaluar la situación de riesgo del infante. Si se detectan factores de riesgo como drogas, armas, explotación sexual o laboral infantil, se procede al aseguramiento y custodia del menor, con el apoyo de la Fiscalía o Seguridad Pública.
Actualmente, de los 497 niños institucionalizados, el 42% son víctimas de omisión de cuidados. De estos, 206 niños, 85 niñas y 125 varones, están bajo custodia por esta razón.
El Procurador señaló que, de toda la población institucionalizada, el abuso sexual representa el 3%, la violación el 6%, la violencia familiar el 26% y otros delitos el 23%.
Martínez Ramírez también destacó que algunos casos de omisión de cuidados presentan reincidencia, por lo que se da un seguimiento continuo de seis meses. Los niños víctimas reciben atención médica, psicológica y legal para garantizar su bienestar Integral.
