Luego de que en el mes de abril del año pasado, entró en vigor la Ley sobre intervención de personas indígenas en Procesos Contenciosos, no se aplica le legislación, enfatizó el diputado local Rosendo Anaya, quien dijo que el Estado tiene la obligación de otorgar traductores certificados a los indígenas que enfrenten procesos penales, sin embargo no lo hace.
Mencionó que una de las problemáticas más graves a las que se enfrentan las personas que pertenecen a pueblos indígenas, es cuando entran en contacto con las instituciones de procuración e impartición de justicia, lo que se traduce en graves violaciones a sus derechos humanos, siendo víctimas de irregularidades en relación a su situación jurídica, como es el caso del abuso de la prisión preventiva.
“No suelen contar con una defensa adecuada que vele por sus intereses legales y que pueda explicar en términos de su cultura las particularidades de su proceso jurídico, además de que en el desarrollo de las audiencias no cuentan con un perito intérprete-traductor, que pueda comunicarle a la persona enjuiciada lo que sucede en dicha audiencia ni aquello que se le cuestione o se le solicite declarar”.
Puntualizó que en Amealco se llevan a cabo juicios orales, en los cuales, los indígenas no cuentan con traductores certificados en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sino que sólo se otorgan a personas que ayudan en el significado de algunas palabras o términos legales.
“Está muy limitado, hace dos semana hubo la detención de una persona de comunidad indígena y no ha funcionado el tema de los traductores, es un tema que ha sido una preocupación y hemos estado legislando en esta parte porque no se les asigna traductor, seguiré luchando para que sea de oficio y de manera obligatorita y que el gobierno tenga que asignar una persona que pueda estar defendiendo”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso, ejemplificó que en la detención de un indígena hace dos semanas, ésta no puede rendir su declaración porque carece de traductor, lo que vulnera sus derechos humanos.
Agregó que en el mes de septiembre, iniciarán los juicios orales en el municipio de Querétaro, en donde también hay presencia indígena, por lo que exhortó al Poder Ejecutivo, a aplicar la Ley.
“Seguramente habrán en esto municipio, porque hay presencia indígena, los juicio orales está bien, la parte importante es que los que vayan a ser procesados, es que tengan traductor porque están llevando a cabo los juicio pero sin traductor, es la parte que vamos a revisar y vamos a perseguir para que exista adicional a lo que son abogados, un traductor que haya sido certificado”.
