En los últimos meses, se ha evidenciado un creciente problema en Querétaro relacionado con los anexos o centros de rehabilitación no regulados. El Fiscal de Querétaro, Alejandro Excheverria Cornejo, ha manifestado su preocupación ante el incremento de denuncias por diversos delitos dentro de estos establecimientos, poniendo de manifiesto los riesgos que implica contratar sus servicios.
“En algunos casos, hemos recibido denuncias de privación ilegal de libertad en estos anexos”, afirmó el Fiscal, destacando la gravedad de esta situación. Además, se mencionó que los procedimientos utilizados en ocasiones condujeron a excesos y, en algunos casos extremos, incluso a homicidios. “Hemos judicializado varios casos relacionados con estos hechos”, agregó.
Uno de los casos más impactantes ocurrido recientemente, mostrando amplia repercusión a nivel nacional en redes sociales. “Una joven proveniente de una colonia de la Ciudad de México fue llevada a un anexo en Tequisquiapan, sin su consentimiento ni conocimiento”, reveló el Fiscal. Este suceso evidencia la necesidad imperante de regular y supervisar los anexos, así como la importancia de que las autoridades correspondientes estén atentas a esta problemática.
Las denuncias presentadas abarcan un amplio espectro de delitos, entre ellos lesiones, homicidio y privación ilegal de la libertad. Estos hechos son una clara violación a los derechos humanos de las personas que acuden en busca de ayuda y rehabilitación. La falta de supervisión y la ausencia de protocolos adecuados contribuyen a la comisión de actos que atienden contra la dignidad y seguridad de los individuos involucrados.
Es esencial que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, implementando medidas efectivas de regulación y supervisión de los anexos en Querétaro. Esto garantizará que estos centros cumplan con los estándares mínimos de calidad, brindando un entorno seguro y adecuado para la recuperación de las personas que buscan superar sus adicciones.
El reciente homicidio ocurrido en El Marqués y la posterior detención de dos incidentes subrayan la urgencia de abordar este problema de manera integral. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir los delitos cometidos dentro de estos establecimientos, garantizando la protección de los derechos fundamentales de las personas que buscan rehabilitarse.
La sociedad queretana espera que las instituciones competentes asuman la responsabilidad de regular y supervisen los anexos, velando por la seguridad y bienestar de aquellos que confían en estos centros para su recuperación. Es imperativo que se establezcan protocolos claros, se fortalezcan los mecanismos de control y se lleven a cabo acciones concretas para erradicar los riesgos y las violaciones a los derechos humanos en los anexos de Querétaro.
