La Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) informó que no se detectó que la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro, denominada comúnmente Ley de Aguas cometa una violación a los Derechos Humanos que pudiera impulsar el inicio de un proceso judicial de garantías constitucionales.
Señalaba que ante la inconformidad social que provocó la publicación de la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro y que deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro”, y las diversas solicitudes de organismos de la sociedad civil y de particulares, este órgano garante intensificó la labor de análisis técnico jurídico de la ley en comento, y estableció una mesa de trabajo junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De dichas reuniones de trabajo, los equipos jurídicos de ambos organismos conformaron un análisis constitucional y convencional, para determinar si dicho ordenamiento jurídico estatal presenta alguna contradicción, en términos de violación de los derechos humanos, con la Constitución y los tratados internacionales.
Tras considerar el marco constitucional y convencional en la materia, así como las determinaciones previas realizadas por la CNDH, ambos organismos concluyen que no se detecta una violación a los Derechos Humanos que pudiera impulsar el inicio de un proceso judicial de garantías constitucionales.
“Es importante recalcar que, hasta el momento, ninguna de las cuatro instancias con esta facultad prevista en la Constitución la han ejercido”, informó en comunicado.
La Defensoría afirmó que un principio de transparencia y rendición de cuentas, y en la consideración de que el tema ha provocado una importante movilización social, se pone a disposición el análisis técnico jurídico en la página de internet de este organismo, así como en sus redes sociales oficiales, para su consulta.
“Este organismo constitucional autónomo tiene como función la más amplia y enérgica defensa de los derechos humanos consagrados en la Constitución federal y local, así como en los tratados internacionales signados por nuestro país, sin embargo, esta defensa está circunscrita también al respeto de la Constitución”.
Además, la Defensoría indicó que respeta las diferencias y más las objeciones, pero estas tienen su cauce en los momentos de aplicación de la ley, en donde también esta Defensoría llevará a cabo la observancia y análisis de cada acto de aplicación.
Finalmente, y tras la aceptación por parte de las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro de las medidas cautelares emitidas por esta Defensoría, reiteró el llamado a estas y todas las autoridades del estado de Querétaro a que garanticen y protejan el ejercicio de la libre manifestación de las ideas, haciendo énfasis en que la intervención de personal facultado para el uso legal de la fuerza pública siempre significará, aún si la actuación de estas instituciones fuese legal y legítima, que el diálogo político no ha logrado sus objetivos para la construcción de acuerdos.
