El titular de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG), Javier Rascado informó que las legislaturas locales tienen el plazo de un año para homologar la Ley General de Transparencia, que promulgó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y, en el caso de Querétaro, los sindicatos deberán transparentar el uso de los recursos públicos.
“Vamos a tener que ampliar el catálogo de información pública de oficio, de aquella información que los sujetos obligados van a tener que subir al portal de transparencia, sin necesidad de que medie una solicitud de acceso a la información, todo el manejo y utilización de recursos públicos”.
Enfatizó que se reúne constantemente con los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de la 57 Legislatura local, con el objetivo de analizar la ley estatal actual y realizar los cambios correspondientes, respecto a trámites, sujetos obligados, entre otros temas.
“He mantenido ya acercamiento con los diputados, ellos están conscientes de la necesidad de esta reforma, esperamos que vayan presentando una serie de iniciativas. De la Ley General lo que debemos hacer, es reformar lo referente a los trámites, recurso de revisión, homologar requisitos, atender todas las bases y principios que establece la reforma constitucional”.
Respecto a los partidos políticos y sindicatos, explicó que son sujetos obligados y en el caso de la entidad, la Ley contempla a los institutos políticos como sujetos obligados, es decir, los legisladores se anticiparon a la reforma constitucional.
“Pero lo que sí es novedoso ahora para Querétaro, es que vamos a tener que incluir a los sindicatos, cualquier sindicato que reciba recursos públicos, sin importar el gremio al que represente, desde un peso, tendrá que ser sujeto de la Ley de Transparencia del estado de Querétaro”.
Aclaró que las aportaciones de los sindicalizados, no serán sujetos de obligación a la transparencia, sino sólo los recursos públicos.
Agregó que en la página de la CEIG, en el marco jurídico se integró el link con la Ley General de Transparencia, que serpa el referente para hacer modificaciones a novel local.
En otro orden, respecto a la evaluación y resultados del índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), en donde se señala a Querétaro, entre las entidades reprobadas o con bajas calificaciones en el estudio de las leyes en materia de transparencia, Rascado Pérez aclaró que no concuerda en algunos puntos.
“Hay que revisar con mucho cuidado estas evaluaciones, la misma evaluación dice, que las entidades de fiscalización tienen que ser sujetos obligados, resulta que la ley de Querétaro sí lo menciona, nada más que menciona que todos los órganos son constitucionalmente autónomos, pero como específicamente no habla de la Entidad Superior de Fiscalización, se lo califican como incumplimiento, hay muchos apartados que no necesariamente reflejan lo que pasa en Querétaro”.
Dejó en claro que lo que calificó ese índice, son las leyes de transparencia y no las prácticas o cumplimiento de las autoridades.
“La ley estatal e Querétaro, desde hace tiempo requiere reformas muy importantes, finalmente lo que se nos revela nos ayudará ver cuáles son las mejores prácticas en materia de transparencia”.
