TRAS LA VERDAD
Una vez más el Contralor del Estado, Alejandro López Franco, declaró a los medios informativos, que a la fecha llevan 200 investigaciones en la Contraloría a su cargo en contra de exservidores públicos de la pasada administración que encabezó José Calzada. También dijo que muchos han sido sancionados.
Debido a la prohibición legal para aportar mayores datos sobre nombres de aquellos que están siendo enjuiciados administrativamente, se ignora quiénes son los procesados; de la mayoría de ellos solo se especula.
Llegará el momento en que las resoluciones causen estado, queden firmen y, hasta entonces, se podrán hacer público los nombres. Se deberá publicar para hacer del conocimiento de diversas autoridades aquellos nombres de quienes serán inhabilitados para ocupar cargos públicos, formarán parte de una lista “negra”.
Hace apenas unos días trascendieron varios nombres de algunos exservidores públicos que no solo son enjuiciados administrativamente, la acción legal llegó a manos de la Fiscalía y esta ejercitó la acción penal. Se dijo que por el uso de documentos falsos se inició la causa penal; obtuvieron su libertad bajo fianza y el procedimientos seguramente llevará tiempo, los inculpados se defenderán y deberán probar que los documentos no son falsos, o bien serán sentenciados como responsables por no poder probar que los documentos con los que demostraron su antigüedad laboral, no fueron idóneos; sin embargo son documentos públicos que habrá que probar su falsedad y por tanto su nulidad.
Son muchos los exservidores públicos sujetos a procedimientos administrativos que podrán ser simplemente amonestados, inhabilitaos o condenaos a resarcir algún daño causado. Por supuesto que todos los inculpaos seguramente se estarán defendiendo, salvo pruebas que demuestren plenamente su responsabilidad, entonces aceptarán la condena y el cumplimiento de la misma.
Dos hechos son los que pueden ser considerados como graves; uno, el resarcimiento del daño causado al patrimonio del estado; dos, aquellos que sean presuntamente considerados como delitos y por tanto delincuentes. El reparar el daño puede ser gravoso si la cantidad a resarcir es importante o más que importante. Las simples amonestaciones o inhabilitaciones son realmente insignificantes, aunque vergonzosas; por ello las defensas deben llegar al juicio de amparo, salvo confesión expresa,
Se ha filtrado que, quien ocupara la Oficialía Mayor –uno de ellos- ha tenido que conseguir un amparo para no ser detenido. Pero, solo es una propagación. Nada que pueda confirmarse certeramente. Para esto, los medios han sido muy prudentes al no dar nombres de presuntos implicados.
Hay otro nombre de una persona que laboró en la Secretaría de Gobierno, dicen, aquel Director que cobraba “cuotas” a sus subordinados por trabajar; desde entonces se supo lo que hacía, además “vendía” juegos de placas en 400 mil pesos. Todo es, hasta ahora, un trascendido bajo el estigma del silencio.
Lo histórico y trascendente de los procedimientos, son las acciones legales que se han enderezado en contra de exservidores públicos; en anteriores sexenios, a pesar de los excesos, se perdonaban las trapacerías. Hoy no, por supuesto que eso es bueno para desalentar conductas abusivas de corrupción. Claro, siempre y cuando se actúe con justicia y conforme a derecho y no se abuse del poder para castigas a inocentes ¡Los culpables que paguen!
