TRAS LA VERDAD
En el 2008, el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ordenó que saliera a las calles el Ejército Mexicano y la Marina, a combatir a la delincuencia organizada, por la desconfianza que existía –y continúa- en contra de las policías federal, estatales y municipales; la misma orden la mantiene el Presidente Enrique Peña Nieto.
Desde entonces, personal de las fuerzas armadas se han visto involucradas en problemas de carácter jurisdiccional, otros de naturaleza política, llegándose a confrontar con organismos internacionales como CIDH y organizaciones defensoras de derechos humanos, todas ellas ligadas con la tibia o recalcitrante izquierda. Que si Tlatlaya, que los 43 “desaparecidos” o la mujer torturada por elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano. Algunos han buscado -sin conseguirlo- el desprestigio de nuestras fuerzas armadas.
Tanto el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, como el Almirante y titular de la Secretaría de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz, con justa razón se han quejado de la endeble posición en que se encuentran desde que combaten al crimen organizado, a pesar de los éxitos que han logrado en esa tarea que no es de su competencia. Ambos miembros de las fuerzas armadas han pedido que se “legalice” su situación jurídica en su actuar para estar protegidos legalmente.
La LXII Legislatura Federal, en la Cámara de Senadores, comentaros que en un Estado democrático es un hecho esencial que el monopolio de la fuerza legítima ha sido confiado de manera exclusiva a instituciones profesionalizadas y entrenadas con ese fin, las fuerzas armadas, pero que deben hacerlo de acuerdo a reglas. Como contrapartida, ellas deben poseer características y valores que el ordenamiento jurídico tipifica generalmente como: Obediencia, Profesionalización, Jerarquización, Disciplina y la No deliberación. En este entendido, el comportamiento de las fuerzas armadas y su doctrina militar tienen en la no deliberación y la obediencia los elementos constitutivos de la relación entre el poder civil y el poder militar. Esta relación está normalmente contenida en la Constitución Política del Estado, leyes y reglamentos vigentes, así como en tratados internacionales de derechos humanos, es decir implica un principio de estricta legalidad.
De tal suerte que propusieron al Pleno del Senado las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para que presentaran el Dictamen relativo a la Minuta que contenía el Proyecto de Decreto por lo que se reforman los artículo 1° de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 1° de la Ley Orgánica de la Armada de México, a fin que las Fuerzas Armadas cesaran en las misiones de orden interno. Nadie hizo caso, los legisladores no se han preocupado por defender legalmente a las fuerzas armadas de México, no han promovido reforma alguna para regularizar lo irregular.
Y cómo no van a estar molestos los titulares de estas dos prestigiadas fuerzas castrenses, cuando lo único que han hecho es defender a los mexicanos en contra de la delincuencia organizada; pero los apátridas y organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos, periódicos y revistas de izquierda retorcida, aprovechan cualquier oportunidad pretendiendo desprestigiar a los miembros de las fuerzas armadas, así como someterlos a juicios injustos.
Deben regularizar la situación jurídica de los miembros de las fuerzas armadas para actuar con absoluta seguridad. Dice el artículo 1/o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas que: “El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes: I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; II. Garantizar la seguridad interior; III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas”. Nada que ver en el combate a la delincuencia organizada.
Y el artículo 2/o establece: “Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, todo, conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales”. A mayor abundamiento, el artículo 3/o dice: “El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados, adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de sus misiones”. Por eso el gran malestar de los militares.
Por cuento ve a la Ley Orgánica de la Armada, el Artículo 1 prescribe que: “La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales”.
La situación es por demás simple, todos debemos apoyar a los miembros de las fuerzas armadas para que cumplan con seguridad y apego a derecho con sus atribuciones y no continúen en el “limbo” jurídico, siempre con la incertidumbre de ser atacados de manera injusta, pendiendo de un “hilo” sus acciones que pueden ser utilizados por los mismos delincuentes, muchos de ellos disfrazados de periodistas o defensores de los derechos humanos, algunos actuando incluso desde el extranjero. Nadie queda exento de ayudar y confiar en las acciones de los miembros de las fuerzas armadas, que siempre actúan en pro de los mexicanos.
