TRAS LA VERDAD
En tiempo extra los integrantes de la LVIII Legislatura del Estado, el pasado domingo designaron a la primera mujer encargada de la defensoría del pueblo, según acepción sueca; mejor conocido como “ombudsman”.
Después del trabajo extraordinario que les impusiera Miguel Nava Alvarado, por aquello de los juicios de amparo que estuvieron a punto de obligar a las y los diputados a ratificarlo por un periodo más de cinco años, el tiempo se les vino encima con la convocatoria, las entrevistas y ponerse de acuerdo para lograr el consenso y apoyar a la recomendada Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, docente venida de otros lares; y rellenar la terna con dos nombres más.
Bien se sabe que nadie llega a esos cargos si no es con el aval de quien debe darlo, de lo contrario es imposible arribar son el “padrinazgo” correspondiente. Aun recuerdo con meridiana claridad lo que en una ocasión me dijo quien fuera Procurador en el Estado y diputado local en ese momento, Julio Sentíes Laborde. Primero me inquirió ¿Y a usted quién lo apoya licenciado? ¡Usted no va a quedar! ¿Para qué participa?
Se trataba entonces de designar a varios Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Respondí a sus interrogantes de inmediato. Bien lo sé, señor diputado, solo pretendo saber en dónde esconden sus trampas para designar a quienes supuestamente pasarían el examen que se practicó en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. No hubo respuesta, salvo una mueca burlona.
El examen que nos fue practicado en ese entonces, venía en un sobre cerrado –amarillo- sin nombre que lo identificara; el pliego de preguntas en papel tamaño carta tampoco estaba identificado para persona alguna. Había que hacerlo a lápiz, de tal manera que se podía alterar con la mayor facilidad. No se podía saber quién hizo el examen. Se prohibió poner nombre, firma o seña alguna para identificar el examen ¡Por supuesto no fui designado Magistrado! Además no hubo recurso alguno de inconformidad.
Después lo participantes fueron entrevistados por una “psicóloga” para que emitiera –después el diagnóstico psicológico- su opinión profesional y dijera quienes estaban capacitados o no para impartir justicia en segunda instancia ¿Se imaginan que manera más burda de impedir el acceso a la magistratura? Así fue en ese entonces. Ahora solo es una especie de examen, ensayo o algo así, con entrevistas de los legisladores que nada saben ni conocen de derechos humanos. Al final la Junta de Coordinación Política –desaparecieron aquello de concertación dado que no concertaban nada-; entonces decide quién debe ser apoyado por los grupos o fracciones legislativas, excepción de Morena que está en contra de todo.
La votación se realiza por medio de cédula, de tal suerte que teóricamente nadie sabe por quién votan; el voto –papeleta- se introduce en una urna para después computar los votos. Y así, sin ponerse de acuerdo uno de tres obtiene la votación calificada que exige la Constitución Local, las 2/3 partes del total de los 25 legisladores. Así las cosas la Doctora en Derecho obtuvo 22 votos a favor. De inmediato le tomaron protesta a Roxana de Jesús, estaba ahí por casualidad en día domingo; y de ahí se trasladó a las oficinas para conocer el recinto en donde se “imparte la justicia administrativa de los derechos humanos”.
La Doctora Avalos hizo sus estudios superiores en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales –Acatlán-, perteneciente a la UNAM. Su experiencia –dicen- es fundamentalmente como catedrática en derecho internacional público y privado; su currículo lo confirma, lo cual quiere decir que no tiene experiencia en el proceso de defender los derechos humanos cuando estos han sido violados por las autoridades. Tampoco ha pisado los entramados de la impartición de la justicia. Su grado de Doctor, en Derecho Internacional, lo cursó en la UNAM; autora del libro intitulado: Responsabilidad del Estado, por hecho Internacionalmente Ilícito. Ponente en diversas universidades públicas y privadas.
Desde la creación de la Comisión de Derechos humanos, a inicios del sexenio de Enrique Burgos García, solo habían designado a hombres como titulares de “defensores de los derechos humanos”. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, es la primera mujer al frente de esta delicada responsabilidad, la de defender a cualquiera que demande la violación a sus derechos humanos, deberá enfrentar jurídicamente a la autoridad y en su caso, emitir recomendaciones no vinculatorias, vamos que no son obligatorias, para que se investigue y, en su caso, se sancione a la autoridad que transgredió los derechos humanos.
Los datos de docente de la nueva titular de la defensoría de los Derechos Humanos son impecables, sin embargo no tiene “autoridad moral”, según la doctrina, necesaria para que las recomendaciones que llegue a emitir tengan ese “peso moral”, y no legal, que obligue a la autoridad a cumplir con la recomendación, puesto que las resoluciones no vinculan, no pueden ser ejecutadas, depende de la “autoridad legal” a quien se recomiende, esta investiga si son o no ciertos los hechos que se desglosan en los considerandos y correspondientes resolutivos; hasta entonces se podrá o no sancionar a la autoridad violadora de los derechos humanos. Esta fue una de las principales razones por la cuales no fue ratificado Miguel Nava Alvarado: por sus recomendaciones. No le hacían caso, vamos ni el presupuesto de la Defensoría le dejaron manejar a pesar de ser un organismo con autonomía constitucional. No tuvo ni le dieron con el paso del tiempo el “peso moral”.
Así las cosas, la Doctora y docente Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, deberá ganarse la “autoridad moral”, esa se obtiene o se logra con sus actos y con el paso tiempo; la legal ya se le fue otorgada por los diputados locales al nombrarla el pasado 12 de febrero, titular de la Defensoría de los derechos Humanos, en el estado. Por lo pronto la Doctora ha ganado “El beneficio de la Duda”. Frase que se aplica principalmente en materia de derecho penal.
